Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), denunciaron a El Sol de Zacatecas, carencia de personal, malas condiciones laborales, falta de equipo, vehículos y sueldos muy bajos, donde incluso peritos forenses ocupan plazas de intendente con las que ganan dos mil 500 pesos quincenales.
En las instalaciones del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, varios profesionales declararon a El Sol de Zacatecas que la demanda de trabajo los rebasa, por lo que pidieron al fiscal, Francisco Murillo Ruiseco y a los diputados locales, proveer de más recursos para equipo, insumos, mejores salarios y más personal.
En dicho inmueble y en otros espacios de la FGJE, desde el pasado lunes, los inconformes colocaron mantas en las que anuncian que están “trabajando bajo protesta por una mala administración”.
En junio, Zacatecas fue el quinto estado con más asesinatos por cada cien mil habitantes (4.4) del país, con un total de 75 víctimas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en dicho mes se denunciaron en todo el estado dos mil 680 presuntos delitos del fuero común.
Pedro Azuara Hernández, ha trabajado en la Fiscalía durante 13 años, actualmente es perito valuador en la Dirección General de Servicios Periciales, que incluye áreas de criminalística, valuación de daños, agronomía, identificación vehicular, grafoscopía, genética y medicina legal.
“Al momento de realizar nuestro trabajo corremos el riesgo y lo mínimo que queremos es contar con los medios para hacer nuestro trabajo, por ejemplo, el parque vehicular está en pésimas condiciones”, comentó al señalar que, como parte de su trabajo, debe trasladarse a diversos puntos del estado donde se registran delitos.
A pesar de su antigüedad, sigue ganando seis mil pesos, pues su plaza aún no es considerada de profesional.
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Señaló que las autoridades no han dado respuesta a una petición por escrito que se entregó a la Fiscalía y al Poder Legislativo, en el que cerca de 400 trabajadores expresan sus exigencias de homologación salarial, y de mejores condiciones laborales.
Blas Rodríguez, perito en criminalística de campo denunció que hay peritos con plazas de intendente, por lo que ganan dos mil 500 pesos quincenales, lo cual, dijo, no es un salario digno tomando en cuenta el alto riesgo de su labor.
Recordó que cuando se dio la transición de Procuraduría a Fiscalía, hace cinco años, se les prometió que los sueldos se homologarían con los estándares federales, lo cual se incumplió.
Sólo 10 peritos para todo el estado
Paola Robles, perito en genética forense reconoció que por la falta de personal, insumos y equipo, se relegan muchos de los delitos que requieren investigación, para así poder atender delitos de mayor impacto y urgencia.
“En los laboratorios trabajamos con lo que es urgente, si hay un robo de 10 mil pesos, pero también hay una violación o un feminicidio, debemos priorizarlos (…) son muchas situaciones que nos rebasan”, dijo en entrevista.
Además, se ven en la necesidad de dosificar los pocos reactivos que se suministran para hacer las pruebas de laboratorio donde se procesa todo el material que se encuentra en escenas de hechos delictivos.
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Mencionó que pueden llegar dos mil solicitudes de procesamiento al mes, pero en ocasiones sólo les otorgan 100 reactivos para el análisis de igual número de muestras: “Tenemos que hacer milagros para sacar el trabajo”. Reconoce que a veces ha sido necesario “meterle del sueldo para comprar material”.
“No nos damos abasto; somos 10 peritos de genética forense, en grafoscopía son tres, topógrafos son tres, y sólo un perito agrónomo para todo el estado”, enfatizó.
“No es contra el fiscal”
Paola Robles, aclaró: “Esta lucha no es contra el fiscal, al contrario, le pedimos que se una a nuestra lucha porque es él quien tiene la facultad para luchar por nosotros, el que tiene la facultad para ir con los diputados para exigir el recurso para tener condiciones dignas de trabajo”.
Cabe recordar que el Congreso del Estado, aprobó un presupuesto de 740 millones de pesos para que la Fiscalía lo ejerza durante el 2023, cerca de 64 millones más que lo aprobado para el 2022.
Este medio no recibió respuesta a la solicitud de entrevista con el titular de la Fiscalía, Francisco Murillo Ruiseco para conocer su postura sobre las demandas de los trabajadores.
