El presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nahle García, propondrá promover una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo por haber propuesto, ilegalmente, un presupuesto anual inferior al solicitado por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ).
El pasado miércoles, la Legislatura aprobó el paquete económico del 2024 que presentó el gobernador, David Monreal Ávila, sin modificar lo correspondiente al Poder Judicial al que se asignaron 630.8 millones de pesos.
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Según explicó el magistrado, la cifra aprobada representa un recorte de seis millones respecto a lo ejercido en el 2023, lo que no alcanzará ni para pagar el salario de los mil 200 trabajadores quienes, ya desde octubre pasado, amenazaron con hacer un paro exigiendo aumento a sus percepciones.
“El Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar el presupuesto del Poder Judicial, debió haber enviado a la legislatura el proyecto de presupuesto que aprobó el Pleno del Poder Judicial para que la legislatura lo aprobara o lo modificara”, expresó a El Sol de Zacatecas.
Insistió en que el Poder Ejecutivo, “así como recibe el proyecto del Poder Judicial, así lo tiene qué enviar a la legislatura, sin moverle ni una coma, y ya la legislatura tiene las facultades para modificarlo”.
Al respecto agregó: “Lo hace cada año indebidamente, y mientras no interpongamos una controversia constitucional, lo va a seguir haciendo año con año, eso no está bien, eso es ilegal”.
En la próxima sesión del pleno del TSJEZ, programada para el 3 de enero, Arturo Nahle propondrá promover la controversia: “Si el pleno dice que sí, yo estaré encantado de ir a una controversia constitucional”.
Recordó que desde el 2022 David Monreal perjudicó financieramente al Tribunal: “no se buscó entonces la controversia porque era un gobernador nuevo ¿Cómo te vas a pelear con un gobernador que acaba de llegar? había que arrancar una buena relación con el nuevo gobierno, pero no se puede, pero no se puede”.
Al preguntarle si el gobernador busca imitar los ataques al Poder Judicial de la Federación, hechos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el magistrado respondió: “Es obvio, y está ocurriendo también en otros estados donde gobiernan partidos afines al señor presidente (…) pareciera que es una línea que viene de arriba”.
Obediencia de diputados
Arturo Nahle opinó que los diputados del bloque oficialista recibieron línea para no modificar el presupuesto.
Agradeció a otros legisladores que intentaron corregir el presupuesto, en particular, al presidente de la comisión de Justicia, José Juan Mendoza quien presentó una reserva para asignar al Tribunal 15 millones más; sin embargo, su propuesta fue rechazada por la mayoría.
El magistrado afirmó que las prioridades de un gobierno y de los legisladores se reflejan en el presupuesto por lo que llegó a la conclusión de que “la justicia no es prioridad” en Zacatecas.
Yo esperaba que me resolvieran los diputados, esperaba que ellos corrigieran el error, esperaba que ellos se solidarizaran con el otro poder, pero pues no quisieron tampoco los diputados… la mayoría de los diputados
Paro inminente
Lamentó que con el presupuesto deficitario será imposible mejorar el salario de la mayoría de los funcionarios judiciales, quienes desde hace una década no han recibido reajustes a sus percepciones.
Luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado paralizó dicha institución durante más de un mes, exigiendo mejores salarios, en octubre los trabajadores del Poder Judicial estuvieron a punto de tomar el tribunal con una demanda similar: “Los contuve pidiéndoles que se esperaran a enero, y ya no los voy a poder contener el próximo año”.
El 75% de los mil 120 trabajadores del tribunal son de confianza, quienes no se ven beneficiados con los aumentos anuales que sí recibe la minoría sindicalizada: “Ya tengo algunas áreas donde el subalterno gana más que el jefe porque el subalterno es sindicalizado”.
Ante la saturación de juicios en todo el estado, Arturo Nahle mencionó que tampoco habrá dinero para contratar nuevos jueces, ni para abrir nuevo juzgados que atiendan la creciente demanda de justicia de la población.
