Derechos humanos de madres internas
Se propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que, en el ámbito de su competencia, revise políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto de derechos humanos de madres internas y sus hijas e hijos en los centros de readaptación social del ámbito federal.
Plantea también que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) desarrolle estrategias que incidan en autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar adecuados procedimientos de ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo, cuando vivan con sus madres privadas de la libertad a los centros penitenciarios estatales y municipales que así lo requieran.
Se busca que la CNS considere formular planes nacionales para mejorar y fortalecer las condiciones e infraestructura de los centros de readaptación federales, estatales y municipales. El propósito, respetar y garantizar los derechos humanos de las madres y de sus hijas e hijos privilegiando el interés superior de la niñez.
Se precisa que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un total de 60 centros de reinserción y readaptación albergan menores de edad que viven con sus madres.
De acuerdo con el “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes”, publicado por el colectivo Reinserta y el Instituto Nacional de las Mujeres, son madres el 43 por ciento del total de mujeres privadas de su libertad a nivel nacional.
Conforme al diagnóstico, la mayoría de los centros penitenciarios permite la estancia de menores al interior hasta los seis años. El 23 por ciento de las mujeres tiene pensado sacar a sus hijas o hijos antes de la edad permitida; el 33 por ciento no piensa hacerlo antes y el 44 por ciento no respondió.
Incertidumbre
Al cumplirse una semana de que tomaron la presidencia de Zacatecas, los trabajadores que fueron amenazados con ser despedidos siguen en la incertidumbre.
Los inconformes señalan que los acuerdos siguen sin ser cumplidos por las autoridades encabezadas por el presidente municipal, Ulises Mejía Haro.
Mencionan que siguen siendo desplazados por los nuevos trabajadores que trajo la administración que inició el pasado 15 de septiembre.
Entre las quejas que tienen quienes bloquearon los accesos de la presidencia el pasado 26 de septiembre, está el que no se les ha permitido “checar” la entrada ni la salida.
Es probable que los trabajadores tomen nuevas medidas de presión para que se regularice su situación al interior de la administración municipal.
Por su parte el presidente municipal insiste en que producto de la revisión que se está haciendo a la plantilla, lo más probable es que sí se lleven a cabo despidos, pues a los pocos días de iniciar la nueva administración se encontró “un desorden” en los expedientes de muchos empleados.
