/ miércoles 27 de marzo de 2024

Revés a las armerías de EU

El pasado lunes la jueza Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, emitió una sentencia a favor de México en la estrategia legal que nuestro país está impulsando contra el tráfico ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la jueza Márquez señaló que las armerías tuvieron alertas de que las armas de grueso calibre que venden, terminarían en manos de los grupos del crimen organizado. En consecuencia, México tiene el derecho a demandar a nombre de la población mexicana y que proceda la acción legal. Además, la jueza Márquez reconoció que nuestro país argumentó que las armerías “no gozan de impunidad por sus prácticas comerciales negligentes”.

Hagamos un poco de historia. El Gobierno de México presentó dos demandas civiles: una en agosto de 2021 contra fabricantes de armas en Massachusetts y otra en octubre de 2022 contra tiendas de venta de armas en Arizona. El argumento central de ambas demandas es que las armerías tienen indicios de que las armas que venden, varias de ellas de alto calibre, se trafican ilegalmente y llegan a los cárteles. Derivado de esta situación, lamentablemente, hemos llegado a niveles de violencia trágicos. En este sentido, las armerías estadounidenses son cómplices y, por lo tanto, tendrán que reparar los daños ocasionados.

En este camino México ha obtenido dos victorias legales. La primera en enero de 2024 cuando se ordenó a la Corte Federal de Boston, Massachusetts, continuar con el estudio de la demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas y la segunda el pasado lunes, la cual relaté al inicio de esta colaboración.

¿Cuáles son los siguientes pasos? La Corte Federal para el Distrito de Arizona seguirá estudiando la demanda de México. Así, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará evidencia para demostrar el actuar negligente de las tiendas que venden armas sin controles. La batalla legal continúa.

En este contexto, vale la pena recordar que la semana pasada el periódico El Universal publicó en su portada una nota titulada “El crimen organizado utiliza armas más sofisticadas”. La nota señala que de enero de 2020 a enero de 2024 la Guardia Nacional ha incautado a células del crimen organizado más de 2 mil 300 armas de fuego, entre las que se encuentran fusiles de asalto, ametralladoras, subametralladoras fusiles Barrett y metralletas Uzi y Minimi. Especialistas en seguridad consideran que las armas de alto poder se obtienen en el mercado negro.

Con ese poder de fuego no hay policía que pueda enfrentar a los cárteles. Pero si les quitamos las armas y el dinero, vamos a debilitar al crimen organizado.

Por eso, además de la estrategia legal que está empujando el Gobierno de México en Estados Unidos, hay que considerar el tráfico ilegal de armas como un delito grave que se castigue con cárcel.

El pasado lunes la jueza Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, emitió una sentencia a favor de México en la estrategia legal que nuestro país está impulsando contra el tráfico ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la jueza Márquez señaló que las armerías tuvieron alertas de que las armas de grueso calibre que venden, terminarían en manos de los grupos del crimen organizado. En consecuencia, México tiene el derecho a demandar a nombre de la población mexicana y que proceda la acción legal. Además, la jueza Márquez reconoció que nuestro país argumentó que las armerías “no gozan de impunidad por sus prácticas comerciales negligentes”.

Hagamos un poco de historia. El Gobierno de México presentó dos demandas civiles: una en agosto de 2021 contra fabricantes de armas en Massachusetts y otra en octubre de 2022 contra tiendas de venta de armas en Arizona. El argumento central de ambas demandas es que las armerías tienen indicios de que las armas que venden, varias de ellas de alto calibre, se trafican ilegalmente y llegan a los cárteles. Derivado de esta situación, lamentablemente, hemos llegado a niveles de violencia trágicos. En este sentido, las armerías estadounidenses son cómplices y, por lo tanto, tendrán que reparar los daños ocasionados.

En este camino México ha obtenido dos victorias legales. La primera en enero de 2024 cuando se ordenó a la Corte Federal de Boston, Massachusetts, continuar con el estudio de la demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas y la segunda el pasado lunes, la cual relaté al inicio de esta colaboración.

¿Cuáles son los siguientes pasos? La Corte Federal para el Distrito de Arizona seguirá estudiando la demanda de México. Así, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará evidencia para demostrar el actuar negligente de las tiendas que venden armas sin controles. La batalla legal continúa.

En este contexto, vale la pena recordar que la semana pasada el periódico El Universal publicó en su portada una nota titulada “El crimen organizado utiliza armas más sofisticadas”. La nota señala que de enero de 2020 a enero de 2024 la Guardia Nacional ha incautado a células del crimen organizado más de 2 mil 300 armas de fuego, entre las que se encuentran fusiles de asalto, ametralladoras, subametralladoras fusiles Barrett y metralletas Uzi y Minimi. Especialistas en seguridad consideran que las armas de alto poder se obtienen en el mercado negro.

Con ese poder de fuego no hay policía que pueda enfrentar a los cárteles. Pero si les quitamos las armas y el dinero, vamos a debilitar al crimen organizado.

Por eso, además de la estrategia legal que está empujando el Gobierno de México en Estados Unidos, hay que considerar el tráfico ilegal de armas como un delito grave que se castigue con cárcel.

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