/ jueves 4 de enero de 2024

Presidente del Poder Judicial busca acuerdos con el Gobernador

Insiste en que el presupuesto asignado al Tribunal Superior de Justicia sufrió un recorte de seis mdp

Tras amagar con una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo porque “indebidamente recortó el presupuesto” del Poder Judicial en su propuesta de Paquete Económico 2024, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), Arturo Nahle García optará por alcanzar “acuerdos políticos”.

Estoy buscando al Ejecutivo, para proponerle una salida política, negociada, conciliada, en lugar de irnos a un pleito

El pasado 21 de diciembre, Nahle García anunció que promovería la controversia constitucional en contra del gobernador, David Monreal por proponer “ilegalmente” un presupuesto anual inferior al solicitado por el pleno del TSJEZ.

Horas antes la Legislatura había aprobado el presupuesto sin modificar la propuesta de 630.8 millones de pesos para el Poder Judicial. Según el magistrado, tal cifra representa un recorte de seis millones respecto al total ejercido en el 2023, lo que no alcanzará ni para el salario de los mil 200 trabajadores.

Ayer miércoles, el magistrado anunció que se reunirá con el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza: “Vamos a poner sobre la mesa una propuesta que nos permita evitar el conflicto, evitar esa confrontación, espero que en el Ejecutivo haya voluntad, altura de miras”.

El objetivo que espera alcanzar, inicialmente con el secretario y después con el Gobernador, es “el compromiso expreso” de ampliaciones presupuestales. El recurso extra que pedirá el magistrado, ya sea para mediados o finales del año, es de por lo menos 15 millones de pesos.

Arturo Nahle dijo que estará conforme con un compromiso “de palabra”, sin necesidad de notarios públicos que den fe: “Un político que no tiene palabra no vale ni un centavo, es lo que quiero, la palabra del Ejecutivo de apoyar al Poder Judicial porque con ese presupuesto que él propuso y que la Legislatura autorizó, no hay ninguna garantía de cerrar el año”.

No conviene el conflicto

Insistió en que los presupuestos de los Poderes Judiciales son irreductibles y progresivos, y tomando en cuenta criterios de la Corte en ese sentido, consideró que la controversia en contra del Poder Ejecutivo y contra el Poder Legislativo, sí procedería.

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Sin embargo, agregó: “Los tiempos que estamos viviendo no están como para que los poderes del Estado, se enfrasquen en un conflicto, en un pleito; en estos tiempos entre poderes debe haber respeto, coordinación, colaboración, para hacerle frente al problema bárbaro de inseguridad que azota a Zacatecas”.

Luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado paralizó dicha institución durante más de un mes, exigiendo mejores salarios, los trabajadores del Poder Judicial también estuvieron a punto de tomar el tribunal con una demanda similar.

El magistrado señaló que ese riesgo sigue latente en caso de no contar con recursos para mejorar salarios.

El 75% de los mil 120 trabajadores del Tribunal son de confianza, quienes no se ven beneficiados con los aumentos anuales que sí recibe la minoría sindicalizada.

Tras amagar con una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo porque “indebidamente recortó el presupuesto” del Poder Judicial en su propuesta de Paquete Económico 2024, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), Arturo Nahle García optará por alcanzar “acuerdos políticos”.

Estoy buscando al Ejecutivo, para proponerle una salida política, negociada, conciliada, en lugar de irnos a un pleito

El pasado 21 de diciembre, Nahle García anunció que promovería la controversia constitucional en contra del gobernador, David Monreal por proponer “ilegalmente” un presupuesto anual inferior al solicitado por el pleno del TSJEZ.

Horas antes la Legislatura había aprobado el presupuesto sin modificar la propuesta de 630.8 millones de pesos para el Poder Judicial. Según el magistrado, tal cifra representa un recorte de seis millones respecto al total ejercido en el 2023, lo que no alcanzará ni para el salario de los mil 200 trabajadores.

Ayer miércoles, el magistrado anunció que se reunirá con el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza: “Vamos a poner sobre la mesa una propuesta que nos permita evitar el conflicto, evitar esa confrontación, espero que en el Ejecutivo haya voluntad, altura de miras”.

El objetivo que espera alcanzar, inicialmente con el secretario y después con el Gobernador, es “el compromiso expreso” de ampliaciones presupuestales. El recurso extra que pedirá el magistrado, ya sea para mediados o finales del año, es de por lo menos 15 millones de pesos.

Arturo Nahle dijo que estará conforme con un compromiso “de palabra”, sin necesidad de notarios públicos que den fe: “Un político que no tiene palabra no vale ni un centavo, es lo que quiero, la palabra del Ejecutivo de apoyar al Poder Judicial porque con ese presupuesto que él propuso y que la Legislatura autorizó, no hay ninguna garantía de cerrar el año”.

No conviene el conflicto

Insistió en que los presupuestos de los Poderes Judiciales son irreductibles y progresivos, y tomando en cuenta criterios de la Corte en ese sentido, consideró que la controversia en contra del Poder Ejecutivo y contra el Poder Legislativo, sí procedería.

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Sin embargo, agregó: “Los tiempos que estamos viviendo no están como para que los poderes del Estado, se enfrasquen en un conflicto, en un pleito; en estos tiempos entre poderes debe haber respeto, coordinación, colaboración, para hacerle frente al problema bárbaro de inseguridad que azota a Zacatecas”.

Luego de que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado paralizó dicha institución durante más de un mes, exigiendo mejores salarios, los trabajadores del Poder Judicial también estuvieron a punto de tomar el tribunal con una demanda similar.

El magistrado señaló que ese riesgo sigue latente en caso de no contar con recursos para mejorar salarios.

El 75% de los mil 120 trabajadores del Tribunal son de confianza, quienes no se ven beneficiados con los aumentos anuales que sí recibe la minoría sindicalizada.

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