/ martes 19 de marzo de 2024

Adiós al Año de la PAZ en Zacatecas

¡Adiós al 2024 como el año de la Paz en Zacatecas! Quienes integramos la sociedad zacatecana sabíamos que se trataba solamente de una estrategia publicitaria, de una farsa del Gobierno del Estado, encabezado por el morenista David Monreal Ávila. Era un intento por ocultar la crisis de inseguridad que enfrentamos en la entidad.

¿Cuál paz? La mayoría de la población estábamos conscientes de que ese engaño no duraría mucho.

Lo que no imaginamos es que terminará tan pronto (apenas dos meses), tan abruptamente y promovido por quien menos imaginaba el gobierno: las mujeres que alzan la voz para exigir alto a la violencia de género y respeto a sus derechos humanos. Esas mexicanas que en este sexenio el Presidente López Obrador se ha negado a escuchar y ver.

Así es, les quitaron la máscara los cientos de zacatecanas que fueron víctimas de la violencia institucional, ejecutada a través de los y las policías que deberían protegerlas en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y que, sin embargo, se lanzaron contra ellas utilizando fuerza excesiva y abuso de poder para golpear, arrastrar, desnudar, gasear y retener ilegalmente a 18 de ellas.

Esa violencia de género también provino del Secretario General de Gobierno, quien las revictimizó al indicar que las participantes en la manifestación fueron las agresoras y que se actuó en base a la ley y con la verificación de observadores de Derechos Humanos. Mientras, las redes sociales eran inundadas con videos de la agresividad policiaca.

Durante días el funcionario insistió en que las mujeres fueron las responsables de agredir a los agentes. A esos elementos entrenados para someter, que llevaban equipo táctico e iban armados con escudos antimotines, toletes, cascos, extintores y gas lacrimógeno, para enfrentar a manifestantes que aventaban pintura y botellas de agua.

Fue la presión social, el intento de “salvar el pellejo” y una segunda marcha de zacatecanas para exigir justicia, disculpas públicas, una investigación y el cese de responsables, la que hizo que ese burócrata se viera obligado a reconocer el exceso de violencia, instalar una mesa de diálogo con las mujeres y disculparse con las agredidas, entre ellas 14 retenidas ilegalmente y llevadas a los separos municipales.

Celebro que las y los Diputados zacatecanos hayan asumido su responsabilidad ante las mujeres y, a propuesta de la integrante del grupo parlamentario del PRD, Zulema Santacruz, -con 16 votos a favor, cinco en contra, una abstención y la ausencia de Legisladores de Morena y PVEM-, se haya revocado la declaratoria “2024, año de la paz en Zacatecas”, derivado de la represión del 8M.

No hay manera de que este año se considere de la paz en Zacatecas, donde la organización Causa en Común contabilizó 37 y 35 feminicidios en el 2023 y 2022, respectivamente; mientras, las autoridades locales reconocieron sólo 13 y 15 casos.

En el 2022, Zacatecas ocupó la tercera posición nacional con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de asesinato, homicidio doloso y con arma de fuego. Tenemos los dos municipios más violentos del país y en promedio asesinan diariamente a 3.5 personas, únicamente en el 2023 se registraron casi mil homicidios dolosos. El año pasado se denunciaron 776 desapariciones de personas; es la anualidad con la más alta cantidad.

Es este gobierno, el supuesto promotor de la paz, el que ha incumplido su obligación de garantizar la seguridad y es el mismo que violentó a las mujeres, porque su política de Estado es no escuchar la demanda social de pacificación, no enfrentar la delincuencia organizada y no proteger a las zacatecanas, actitud con la que echa por tierra el contenido del desplegado “El Gobierno de Zacatecas es aliado de las mujeres”, signado por el Ejecutivo e integrantes del gabinete.

Exigimos hechos; no palabras.

¡Adiós al 2024 como el año de la Paz en Zacatecas! Quienes integramos la sociedad zacatecana sabíamos que se trataba solamente de una estrategia publicitaria, de una farsa del Gobierno del Estado, encabezado por el morenista David Monreal Ávila. Era un intento por ocultar la crisis de inseguridad que enfrentamos en la entidad.

¿Cuál paz? La mayoría de la población estábamos conscientes de que ese engaño no duraría mucho.

Lo que no imaginamos es que terminará tan pronto (apenas dos meses), tan abruptamente y promovido por quien menos imaginaba el gobierno: las mujeres que alzan la voz para exigir alto a la violencia de género y respeto a sus derechos humanos. Esas mexicanas que en este sexenio el Presidente López Obrador se ha negado a escuchar y ver.

Así es, les quitaron la máscara los cientos de zacatecanas que fueron víctimas de la violencia institucional, ejecutada a través de los y las policías que deberían protegerlas en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y que, sin embargo, se lanzaron contra ellas utilizando fuerza excesiva y abuso de poder para golpear, arrastrar, desnudar, gasear y retener ilegalmente a 18 de ellas.

Esa violencia de género también provino del Secretario General de Gobierno, quien las revictimizó al indicar que las participantes en la manifestación fueron las agresoras y que se actuó en base a la ley y con la verificación de observadores de Derechos Humanos. Mientras, las redes sociales eran inundadas con videos de la agresividad policiaca.

Durante días el funcionario insistió en que las mujeres fueron las responsables de agredir a los agentes. A esos elementos entrenados para someter, que llevaban equipo táctico e iban armados con escudos antimotines, toletes, cascos, extintores y gas lacrimógeno, para enfrentar a manifestantes que aventaban pintura y botellas de agua.

Fue la presión social, el intento de “salvar el pellejo” y una segunda marcha de zacatecanas para exigir justicia, disculpas públicas, una investigación y el cese de responsables, la que hizo que ese burócrata se viera obligado a reconocer el exceso de violencia, instalar una mesa de diálogo con las mujeres y disculparse con las agredidas, entre ellas 14 retenidas ilegalmente y llevadas a los separos municipales.

Celebro que las y los Diputados zacatecanos hayan asumido su responsabilidad ante las mujeres y, a propuesta de la integrante del grupo parlamentario del PRD, Zulema Santacruz, -con 16 votos a favor, cinco en contra, una abstención y la ausencia de Legisladores de Morena y PVEM-, se haya revocado la declaratoria “2024, año de la paz en Zacatecas”, derivado de la represión del 8M.

No hay manera de que este año se considere de la paz en Zacatecas, donde la organización Causa en Común contabilizó 37 y 35 feminicidios en el 2023 y 2022, respectivamente; mientras, las autoridades locales reconocieron sólo 13 y 15 casos.

En el 2022, Zacatecas ocupó la tercera posición nacional con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de asesinato, homicidio doloso y con arma de fuego. Tenemos los dos municipios más violentos del país y en promedio asesinan diariamente a 3.5 personas, únicamente en el 2023 se registraron casi mil homicidios dolosos. El año pasado se denunciaron 776 desapariciones de personas; es la anualidad con la más alta cantidad.

Es este gobierno, el supuesto promotor de la paz, el que ha incumplido su obligación de garantizar la seguridad y es el mismo que violentó a las mujeres, porque su política de Estado es no escuchar la demanda social de pacificación, no enfrentar la delincuencia organizada y no proteger a las zacatecanas, actitud con la que echa por tierra el contenido del desplegado “El Gobierno de Zacatecas es aliado de las mujeres”, signado por el Ejecutivo e integrantes del gabinete.

Exigimos hechos; no palabras.