/ domingo 26 de abril de 2020

¿Amnistía?

La Ley de Amnistía ha generado controversia y desinformación, particularmente por aquellos sectores que tienen como discurso el engaño y la diatriba, haciendo creer dolosamente que se dejará en libertad a criminales.

La realidad es que la iniciativa aprobada por el Senado de la República, forma parte del esquema de justicia social impulsado por la Cuarta Transformación y a la vez busca sanear, en parte, el deteriorado y corrompido sistema judicial del país.

La ley procura un nuevo enfoque en la política criminal que descanse en las reglas de derecho penal y atienda los problemas de nuestro sistema de justicia. Para decirlo de otra manera, el espíritu de esta ley se basa en principios humanitarios.

Habrá que agregar que deja a salvo la reparación integral del daño que corresponde a la víctima de cualquier delito y reconoce lo dispuesto por distintos instrumentos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de las personas.

Es importante subrayar que sólo se otorgará libertad a quienes hayan cometido un delito por primera vez, a indígenas que no se les garantizó el debido proceso o quienes estén imputados por delitos menores como la interrupción del embarazo, robo simple y sin violencia, contra la salud cuando se trate de consumo de narcóticos en dosis limitadas y delitos políticos.

Para acceder a la amnistía, el imputado no debió haber cometido homicidio doloso, secuestro y haber utilizado arma de fuego en la lista de los ilícitos anteriormente señalados.

Al otorgar la amnistía, se subsanan errores del pasado, errores de un sistema de justicia evidentemente caduco. Asimismo, esta medida busca evitar contagios masivos en centros penitenciarios derivado de la pandemia del Covid-19.

Otros países han seguido esta ruta. El parlamento turco otorgó amnistía a 90 mil internos, Perú decidió excarcelar a 3 mil presos ancianos y reclusas embarazadas o con bebés, Afganistán ha hecho lo propio.

En resumidas cuentas, con esta ley nos acercamos a la justicia social de miles de personas que se encuentran en los Centros de Readaptación Social Federales, purgando penas o siendo procesados por conductas cometidas en condiciones especiales de vulnerabilidad.

Por supuesto que aún falta legislar en otros temas de vital importancia como la restructuración integral del sistema judicial; la profesionalización de los ministerios públicos, juzgados y tribunales; garantizar la imparcialidad y prontitud en los procesos judiciales y mejorar el sistema penitenciario en el país.

Se simula, desfigura y desvirtúa la justicia cuando no es para todos. Y más grave, cuando olvidamos que en cada prisionero hay un ser humano.

La Ley de Amnistía ha generado controversia y desinformación, particularmente por aquellos sectores que tienen como discurso el engaño y la diatriba, haciendo creer dolosamente que se dejará en libertad a criminales.

La realidad es que la iniciativa aprobada por el Senado de la República, forma parte del esquema de justicia social impulsado por la Cuarta Transformación y a la vez busca sanear, en parte, el deteriorado y corrompido sistema judicial del país.

La ley procura un nuevo enfoque en la política criminal que descanse en las reglas de derecho penal y atienda los problemas de nuestro sistema de justicia. Para decirlo de otra manera, el espíritu de esta ley se basa en principios humanitarios.

Habrá que agregar que deja a salvo la reparación integral del daño que corresponde a la víctima de cualquier delito y reconoce lo dispuesto por distintos instrumentos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos de las personas.

Es importante subrayar que sólo se otorgará libertad a quienes hayan cometido un delito por primera vez, a indígenas que no se les garantizó el debido proceso o quienes estén imputados por delitos menores como la interrupción del embarazo, robo simple y sin violencia, contra la salud cuando se trate de consumo de narcóticos en dosis limitadas y delitos políticos.

Para acceder a la amnistía, el imputado no debió haber cometido homicidio doloso, secuestro y haber utilizado arma de fuego en la lista de los ilícitos anteriormente señalados.

Al otorgar la amnistía, se subsanan errores del pasado, errores de un sistema de justicia evidentemente caduco. Asimismo, esta medida busca evitar contagios masivos en centros penitenciarios derivado de la pandemia del Covid-19.

Otros países han seguido esta ruta. El parlamento turco otorgó amnistía a 90 mil internos, Perú decidió excarcelar a 3 mil presos ancianos y reclusas embarazadas o con bebés, Afganistán ha hecho lo propio.

En resumidas cuentas, con esta ley nos acercamos a la justicia social de miles de personas que se encuentran en los Centros de Readaptación Social Federales, purgando penas o siendo procesados por conductas cometidas en condiciones especiales de vulnerabilidad.

Por supuesto que aún falta legislar en otros temas de vital importancia como la restructuración integral del sistema judicial; la profesionalización de los ministerios públicos, juzgados y tribunales; garantizar la imparcialidad y prontitud en los procesos judiciales y mejorar el sistema penitenciario en el país.

Se simula, desfigura y desvirtúa la justicia cuando no es para todos. Y más grave, cuando olvidamos que en cada prisionero hay un ser humano.

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