El Derecho internacional público se construyó con el propósito de establecer un marco normativo que regule las relaciones entre los Estados soberanos y la promoción de la cooperación internacional. Se erige como una herramienta capaz de garantizar el respeto mutuo, la soberanía y la paz mundial. En el caso de México, este cuerpo legal no sólo representa un conjunto de normas y principios, sino también un compromiso ético y político con la comunidad internacional.
La importancia del Derecho internacional público radica en su cualidad para resolver conflictos de manera pacífica, así como en su papel en la protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible a nivel global. En ese sentido, aunque a veces pareciera “letra muerta”, nuestro país ha sido un actor comprometido con el respeto a tales preceptos y directrices, participando activamente en los organismos internacionales y ratificando los tratados que reflejan su responsabilidad y contribuciones hacia el exterior.
Sin embargo, los recientes acontecimientos han puesto a prueba los acuerdos y han evidenciado la fragilidad del orden internacional. Indiscutiblemente, la declaración de persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, seguida por la violación a la inmunidad de la embajada mexicana en Quito, constituyen claras violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, uno de los instrumentos fundamentales para el ejercicio de las relaciones entre las naciones. El calor de estos sucesos revela una preocupante tendencia hacia la vulneración de normas y principios internacionales en aras de satisfacer intereses públicos particulares, pues la respuesta del gobierno mexicano, al anunciar el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, denota la gravedad de la situación y la necesidad de recurrir a los organismos de dicho orden para garantizar el respeto a la soberanía nacional.
No hay que olvidar que las embajadas de los países a lo largo del mundo, cuentan con inmunidad diplomática que les permite llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y sin interferencias indebidas por parte del Estado anfitrión. Significa un territorio inviolable y protegido, al que las autoridades del Estado anfitrión no pueden ingresar sin el consentimiento del país representado, ya que con ello se garantiza la seguridad de los agentes diplomáticos, los funcionarios consulares, así como la protección a los documentos y las comunicaciones.
En ese contexto, es de suma importancia que México haga respetar su soberanía y no permita actos que vulneren su integridad y la de sus representantes en el extranjero. La violación a su embajada es un claro atentado contra el orden internacional y los principios que lo sustentan. Como Estado parte de las normas del Derecho internacional público, nuestro país debe tomar medidas enérgicas para asegurar que estos actos no queden impunes en defensa de su soberanía y la de sus funcionarios en el ámbito internacional.
