Hace algunas semanas se hizo noticia nacional que un juez en materia penal absolvió al imputado por el delito de abuso sexual contra una menor, por no existir los medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos. El incidente tomó tal severidad, luego de que se viralizaran los extractos de la audiencia donde la madre de la menor cuestionaba al juzgador por no haberle creído a las declaraciones de la niña de 4 años.
La situación no sólo puso de manifiesto la realidad crítica en la impartición de justicia que impera en nuestro país, también evidenció la enorme responsabilidad que recae sobre los servidores públicos que forman parte del Poder Judicial. Este caso en particular, nuevamente exhibe las fallas significativas del sistema judicial y plantea cuestionamientos sobre la perspectiva y el criterio de los juzgadores en escenarios tan sensibles.
Si bien, la justicia debe ser aplicada sin distinción entre personas y de forma equitativa, lo cierto es que, también, en el contexto actual debe ser empleada con la sensibilidad que exijan las circunstancias, sobre todo si se trata de casos de violencia sexual, y más aún cuando la víctima es una menor de 4 años. La falta de empatía y comprensión por parte de quien administra la justicia, al cuestionar la claridad de los detalles proporcionados por una niña, demuestra una desconexión con la realidad de la edad y la capacidad cognitiva de la víctima.
De igual manera, la integridad del proceso judicial se vio comprometida al conocer que los agentes del ministerio público no habían formulado correctamente el caso. Esta omisión resultó en la sentencia absolutoria del juez de primera instancia por cuestiones procedimentales, lo que no sólo es un fracaso para los que representan a la sociedad en estos juicios, sino que también produce desconfianza respecto a la eficacia de los mecanismos cuya tarea fundamental es salvaguardar los derechos de las víctimas.
Aunque los principios de legalidad y debido proceso obligan a los juzgadores a apegarse estrictamente a lo que la ley mandata, es importante señalar que la capacitación de quienes componen y atienden los asuntos debe ser una prioridad en la búsqueda de una justicia efectiva y sensible. La formación constante en aspectos legales, pero también en temas de psicología infantil, sensibilidad ante casos de violencia y perspectiva de género, es esencial para asegurar que el sistema judicial esté preparado para abordar con la debida diligencia los desafíos que presentan casos tan delicados. La actualización constante no sólo fortalece la aplicación justa de la ley, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y empática, donde la protección de los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos se mantenga como un pilar fundamental del sistema judicial.
