por Julieta del Río Venegas
A pesar de que hoy cada vez más personas ejercen su derecho a saber y requieren información que debe ser pública –relativa principalmente al ejercicio de los recursos públicos–, las negativas de los sujetos obligados de todos los ámbitos por transparentar información siguen estando presentes en nuestro país.
Esto impide fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y desincentiva la participación ciudadana, pues la constante opacidad permite pensar que es una respuesta al encubrimiento de actos de corrupción.
En este sentido, la percepción de la corrupción en México es negativa. Desde hace cinco años, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) levanta la Encuesta Nacional sobre la Corrupción y la Impunidad para observar cómo se han modificado las percepciones sociales de estos dos fenómenos a lo largo del tiempo y cómo impactan en la vida de la ciudadanía.
Los resultados no deben tomarse a la ligera, pues pueden ser insumos para modificar o crear políticas públicas. Este año, 4 de cada 10 personas reportan haber sido víctimas de actos de corrupción. Por si fuera poco, 2 de cada 3 consideran que no funciona denunciar la corrupción (solo 4% de la ciudadanía denuncia dichos actos).
Ante la pregunta de cuáles son las principales causas de la corrupción en el país, 34% de las personas encuestadas afirma que se debe a la impunidad o falta de castigo, otro 34% a los gobiernos anteriores, y 26% lo atribuye a condiciones de pobreza y desigualdad.
De igual forma, desde 2019 a la fecha, la inseguridad aparece como el principal problema para las y los mexicanos; si bien la corrupción se encontró en 2019, 2020 y 2022 en el tercer lugar de la encuesta –detrás del rubro de salud (por la pandemia de coronavirus) y de economía–, en 2023 figura en segundo lugar.
Estos datos coinciden con otras encuestas y estudios; la gente considera que el combate a la corrupción está estancado. El último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) hecho por Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 126 de 180, con la misma calificación en los últimos tres años.
La más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021) del INEGI revela que el 86.3% de la población considera frecuentes los actos de corrupción en instancias gubernamentales, y que el 14.7% de la sociedad que tuvo contacto con algún servidor público experimentó actos de corrupción en trámites, pagos o solicitudes de servicios.
Lo anterior permite afirmar que no es momento de disminuir la capacidad presupuestal de las instancias que trabajan en el combate a la corrupción. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto proyectado para 2024 referente a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción presenta una disminución real de 10% con respecto a 2018.
Así exista un marco normativo sólido para conocer información pública y se descubran presuntos actos de corrupción gracias a herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia, si no se ejecutan los castigos correspondientes, no funcionan las carpetas de investigación o las resoluciones de fincamiento de responsabilidades hechas por los órganos internos de control; todo permanece en estado de impunidad.
Tengamos carácter y, por el bien de todas y todos, empujemos las sanciones.
Comisionada del INAI
