Los resultados de una de las auditorias, reflejadas en 633 cuartillas, revelan una enorme cantidad de excesos que implican la disposición de recursos para beneficio sólo de algunos pocos cercanos al poder, advierten una serie de excesos que bien, llegado el momento, las autoridades competentes podrían fincar responsabilidades administrativas y quizá resarcitorias que podrían poner contra la pared a muchos personajes de la vida pública y otros no tanto, que de cualquier manera se han visto beneficiados.
Los desfalcos millonarios en el Instituto de pensiones abarcan desde jubilaciones determinadas por encima de la ley, recursos hasta por 22 millones de pesos a diversos líderes sindicales contabilizados desde 2011 hasta el 2016 en vales de gasolina, cabañas en Paraíso Caxcán, comidas y otros beneficios que ahora explican la lucha por alcanzar el “poder” en el SUTSEMOP y otros sindicatos.
Se concluye también que las liquidaciones, por ejemplo del 2019, se determinaron en base a una “normatividad que no corresponde”, porque de las 22 auditadas, se determinó un pago superior por el orden de casi cinco millones de pesos, cuando en la realidad debió costar solo un millón y medio de pesos.
También se entiende el silencio cómplice de algunos propietarios de medios de comunicación y páginas de internet que se vieron beneficiados con asignaciones presupuestales superiores a los 200 mil pesos anuales y que no presentan la evidencia de la prestación del servicio. Varios de ellos, incluso, en las nóminas de instituciones educativas como los colegios de bachilleres y otras instituciones.
Los excesos son de escándalo que debieran ser exhibidos y presentados a la sociedad zacatecana, porque muchos que hoy hablan de ética y buenas costumbres que incluso buscan una posición en el próximo gobierno, recibieron “muchos beneficios” fuera de la ley. Sin contar con los resultados a las adquisiciones del equipo de basquetbol de Mineros de Zacatecas que luego fue barreteros.
La auditoría se concluyó el 13 de julio del año 2020 y es ya un año sin castigo para nadie. Fue firmada por el despacho externo “Asesores, Consultores y Auditores Fiscales S.C.” dirigido por Gerardo Juárez Martínez, y la directora de auditoría a gobierno del estado y entidades Angélica del Rocío Escobedo Domínguez.
Los resultados saltan a la vista y existe una enorme cantidad de irregularidades que derivaron en el derroche de muchos millones de pesos que hoy tienen en la quiebra al Instituto de Pensiones. La auditoría ha sido muy puntual y evidencia que desde hace muchos años, el ISSSTEZAC fue manejado como patrimonio de los directivos, dirigentes sindicales y quizá algunos gobernantes; culpas hay muchas y muchos son los que hoy tiemblan. La auditoría es pública y pocos de los que parecen ahí pueden hablar de moralidad y combate a la corrupción. Esperamos acciones.
