Sinuoso el trayecto para que la igualdad de género en la esfera pública sea una realidad. Los avances y logros de los últimos años para consolidar una agenda de integración paritaria de la mujer aún se encuentran inhibidos por la cultura del machismo.
Recientemente, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre “el alto nivel de violencia política” en las pasadas elecciones en nuestro país. En su discurso inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra Suiza, denunció “la recurrente violencia de género, sexual y campañas de difamación”.
Si bien, el pasado proceso electoral afianzó en un 50% las candidaturas para hombres y mujeres, tendremos paridad en la Cámara de Diputados, gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales, los espacios conquistados en las urnas, no garantizan que la violencia política de género deje de reproducirse.
Observemos nuestro entorno social a través de estadísticas recientes para comprender este fenómeno. En los primeros cinco meses de este año se tuvo un incremento del 7.1% en feminicidios, 30.5% en violaciones y 47.5% en la trata de personas, además, diariamente fueron asesinadas tres mujeres de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el estudio “Consolidar la paridad y transformar las democracias” de ONU Mujeres, concluye que “los graves problemas de violencia y crimen organizado que aqueja a muchos municipios representan una amenaza constante contra la integridad física de las mujeres” y es de vital importancia “ahondar en la relación entre la violencia general (y específicamente en la originada por el crimen organizado) y la violencia de género”.
María de los Ángeles Fromow Rangel en su ensayo “Necesaria tipificación de la violencia política en razón de género”, explica que “los fenómenos de aumento de la violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique la violencia política como crimen, así como los bajos niveles de enjuiciamiento”, son factores para disuadir la participación femenil en las elecciones.
En este contexto, de poco sirve que el Consejo General del INE tenga aprobados ordenamientos y acuerdos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género o contar con formatos para la denuncia, protocolos y guías para la prevención, así como lineamientos a los partidos políticos para que atiendan, erradiquen y prevengan la violencia de género, mientras persistan los agravios a la población femenil.
Falta un techo para aniquilar la violencia en todas sus manifestaciones y hacer realidad la igualdad sustantiva.
