/ domingo 25 de octubre de 2020

Reglas claras

Enraizados los vicios de la corrupción y la impunidad en el quehacer de la política mexicana. La primera se alimenta de la segunda y ambas, carcomieron la función pública. En el discurso se exaltaba las virtudes de los políticos, comenzando por los presidentes. En la práctica, prevalecían los oscuros acuerdos para robar, corromper, desfalcar y abusar del poder.

Así pasó con los fideicomisos. Se desviaron fondos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano en el Exterior y el sector educativos, 41 mil millones de pesos fueron a parar a empresas privadas. Santiago Niego, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha explicado que resulta complejo rastrear estos recursos, sin embargo, se han detectado serias irregularidades como los ejercidos en el Aeropuerto de Texcoco, el Tren a Toluca o el Viaducto Bicentenario.

Sin embargo, ante la desaparición de 109 fideicomisos, diversas áreas se quedan en la incertidumbre y a la deriva. A la fecha, se desconocen los mecanismos en los cuales se harán llegar los recursos a los sectores afectados para que continúen con su operatividad.

Preocupa la atención y los apoyos a las víctimas de la violencia, a los periodistas, a los campesinos, a los ex braceros. También preocupa la viabilidad de diversos proyectos científicos, la asistencia a las víctimas de desastres naturales o los subsidios enviados a los municipios para que puedan combatir la violencia, sin olvidar los pueblos mineros, los deportistas de alto rendimiento, el medio ambiente y el cine.

Efectivamente, la Cuarta Transformación le ha entrado en serio al combate a la corrupción. Y para nadie es extraño, ni ajeno que algunos fideicomisos fueron usados de manera irregular y al margen de la ley. Ahora bien, para erradicar la corrupción no solo se requiere de buenas intenciones. El ejemplo más reciente lo tenemos con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde resulta que lo robado en gobiernos anteriores, ahora está desapareciendo.

Para no caer en estos fiascos, urgen mecanismos y políticas claras para que estos sectores no queden desprotegidos, dicho de otra manera, necesitamos saber cómo se van a reasignar los 68 mil millones de pesos que estaban destinados para este fin.

Si se trata de ahorrar y combatir la corrupción, comencemos con la transparencia en la redistribución de los recursos, de lo contrario, retroalimentamos los vicios de la opacidad y la recurrente corrupción. Es tiempo de romper el molde.


Enraizados los vicios de la corrupción y la impunidad en el quehacer de la política mexicana. La primera se alimenta de la segunda y ambas, carcomieron la función pública. En el discurso se exaltaba las virtudes de los políticos, comenzando por los presidentes. En la práctica, prevalecían los oscuros acuerdos para robar, corromper, desfalcar y abusar del poder.

Así pasó con los fideicomisos. Se desviaron fondos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano en el Exterior y el sector educativos, 41 mil millones de pesos fueron a parar a empresas privadas. Santiago Niego, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha explicado que resulta complejo rastrear estos recursos, sin embargo, se han detectado serias irregularidades como los ejercidos en el Aeropuerto de Texcoco, el Tren a Toluca o el Viaducto Bicentenario.

Sin embargo, ante la desaparición de 109 fideicomisos, diversas áreas se quedan en la incertidumbre y a la deriva. A la fecha, se desconocen los mecanismos en los cuales se harán llegar los recursos a los sectores afectados para que continúen con su operatividad.

Preocupa la atención y los apoyos a las víctimas de la violencia, a los periodistas, a los campesinos, a los ex braceros. También preocupa la viabilidad de diversos proyectos científicos, la asistencia a las víctimas de desastres naturales o los subsidios enviados a los municipios para que puedan combatir la violencia, sin olvidar los pueblos mineros, los deportistas de alto rendimiento, el medio ambiente y el cine.

Efectivamente, la Cuarta Transformación le ha entrado en serio al combate a la corrupción. Y para nadie es extraño, ni ajeno que algunos fideicomisos fueron usados de manera irregular y al margen de la ley. Ahora bien, para erradicar la corrupción no solo se requiere de buenas intenciones. El ejemplo más reciente lo tenemos con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde resulta que lo robado en gobiernos anteriores, ahora está desapareciendo.

Para no caer en estos fiascos, urgen mecanismos y políticas claras para que estos sectores no queden desprotegidos, dicho de otra manera, necesitamos saber cómo se van a reasignar los 68 mil millones de pesos que estaban destinados para este fin.

Si se trata de ahorrar y combatir la corrupción, comencemos con la transparencia en la redistribución de los recursos, de lo contrario, retroalimentamos los vicios de la opacidad y la recurrente corrupción. Es tiempo de romper el molde.