Llegó la hora de la democracia participativa. Por primera vez, este 1 de agosto, la ciudadanía tiene una cita en las urnas para incidir en los asuntos públicos. Para Giovanni Sartori “la titularidad del poder no resuelve en lo más mínimo el problema de la potestad popular”. No exenta de la polémica, la politización y galimatías que plantea la pregunta de la consulta popular, se abre la posibilidad de acceder a una democracia más legítima y directa.
Tras la decisión histórica de reconocer el derecho que tiene el pueblo mexicano de tomar decisiones de interés público y consecuentemente, conocer la verdad sobre las malas decisiones tomadas en los últimos sexenios, se cumple una demanda pendiente: recuperar la memoria histórica y saldar agravios del pasado.
Los delitos por los que se les podría investigar a los expresidentes no son menores, se trata de asuntos públicos y violaciones a principios constitucionales como la rectoría económica del Estado, atentados a nuestra democracia y a los derechos humanos.
La investigación digital de Dinamic Company analizó 155 mil conversaciones en las principales redes sociales. El mayor número de críticas de los internautas fueron para Felipe Calderón con 35%. Posteriormente, Enrique Peña Nieto con 28.1%. El 20% de los consultados repudiaron la gestión de Carlos Salinas. La desaprobación para Vicente Fox fue de 12.5% y con un porcentaje menor, 4.1%, para Ernesto Zedillo.
Las principales conversaciones en contra de los expresidentes a través de las plataformas digitales fueron sobre la corrupción, conflictos de interés, enriquecimiento ilícito e incluyendo la fallida guerra contra el narco, el caso Ayotzinapa y el Fobaproa. El 39% considera que la consulta es un ejercicio para erradicar la corrupción como lo propone Andrés Manuel López Obrador; el 33.9% desean ver presos a los expresidentes y acceder a la justicia social; 21.7% cuestionan las erróneas acciones emprendidas por los exmandatarios y el 5% desea participar como un ejercicio democrático. Como es natural, también hubo quienes rechazaron la consulta popular al considerarla una simulación.
Para quienes sostienen que la ley no se consulta, es menester vislumbrar que la misma consulta es un ejercicio para que se aplique la ley. En este sentido, es un mecanismo de participación y de voluntad ciudadana para la expresión en temas de trascendencia y vinculantes que deben incidir en las decisiones de los órganos representativos del Estado. La impunidad en la que se han regodeado los expresidentes parecía no tener límites, el repudio y el clamor de justicia, sigue vigente. México, debe expresar su opinión. Pasemos de la simulación a la participación.
