El ingreso al sector privado de la salud fue para miles de familias mexicanas la única alternativa a la que se vieron obligados y pudieron acceder para salvar la vida de sus seres queridos contagiados de Covid-19.
Esas familias fueron forzadas a empeñar o perder todo su patrimonio con el único propósito de ser atendidas en hospitales y clínicas privadas, porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les cumplió el compromiso de contar con una salud pública como la de Dinamarca.
La crisis que vive el sector público de la salud en la era de Morena y la pésima estrategia implementada para enfrentar la Pandemia de Coronavirus, derivó en el conocido fracaso sanitario, que provocó en México la muerte de más de 300 mil pacientes.
Entre los miles de personas contagiadas hubo muchas que salvaron la vida por la atención en el rapaz sector privado de la salud. No exagero al calificarlo de tal modo.
Los tratamientos que el gobierno ofrecía gratuitamente (en instalaciones saturadas, sin medicinas y carencia de personal médico), los particulares los ofertaban entre 150 mil a 600 mil pesos y en varios casos que conozco, rebasò el monto de 1 millón de pesos.
La PROFECO reportó en los años 2020 y 2021 incrementos del 15 y 20 por ciento en los servicios médicos particulares, cuando la inflación fue de 2.83 y 7.36, respectivamente. Es decir, fuera de toda proporción inimaginable.
La voracidad de los “empresarios de la salud” en los tiempos del Covid es tal, que al ingreso los familiares tienen que hacer grandes depósitos además de firmar pagarés en blanco.
A la salida, generalmente, el cobro aplicado era mayor al precio mostrado al ingreso. Y no se diga si el paciente contaba con seguro médico, porque el pago lo adaptan para consumir la totalidad de la bolsa asignada, aunque el servicio fuera más bajo, hay contubernio entre las aseguradoras y los hospitales, hecho del que puedo dar constancia.
Debido a la pandemia los servicios de salud privados en los últimos años se convirtieron en inaccesibles para un país donde el 60 por ciento de su población vive en pobreza.
Con el propósito de poner freno a los abusos de la iniciativa privada en la salud, presenté una iniciativa para impulsar reformas a la Ley General de Salud, para incluir como derecho del usuario el tener acceso al costo del tratamiento y atención médica durante el diagnóstico y para que los precios sean los mismos cuando el paciente cuente con algún seguro médico.
Además, trabajo para establecer la obligación del prestador de servicios de salud de mantener precios públicos, a la vista y que no puedan ser modificados; a que entreguen información y orientación al paciente y sus acompañantes, desde precios, procedimientos y diagnósticos para la toma informada de decisiones.
