Uno de los desafíos que se tienen en el marco de las relaciones entre México y Estados Unidos es el tráfico de armas que llegan a nuestro país desde aquella nación.
En tal sentido, cabe recordar que el 4 de agosto de 2021 el Gobierno de México presentó una demanda civil contra empresas estadounidenses fabricantes y distribuidoras de armas, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de sus productos a nuestro país, y las cuales tienen conocimiento de que son utilizados por el crimen organizado en territorio mexicano, lo cual genera grandes daños humanos y materiales.
Sin embargo, en septiembre de 2022, un juez de primera instancia en una corte federal de Boston, EE. UU., desechó la demanda al considerar que la ley de inmunidades, denominada Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), sí protegía a las empresas demandadas, aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurriera en territorio mexicano. Esto significa, en otras palabras, que tal ley blinda a estas empresas por cualquier demanda hecha por el mal uso que se diera a sus productos.
No obstante, recientemente una Corte de Apelaciones del Primer Circuito de aquel país determinó que estas firmas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, que facilitan el flujo ilícito de sus productos a México y que deben responder por sus acciones ante un tribunal.
Y es que, de acuerdo con el Gobierno de México, las acusadas producen en conjunto más del 68 por ciento del armamento estadounidenses traficado hacia nuestro territorio, lo que equivale a entre 342 mil y 597 mil armas cada año.
Así, la resolución de la Corte de Apelaciones estadounidense ordena revisar nuevamente el fondo del asunto en primera instancia, para los procedimientos siguientes consistentes con su resolución.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó en un comunicado que, una vez que el asunto regrese a primera instancia, se presentará la evidencia para demostrar la negligencia de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño, que será determinada por el juez.
Además, el Gobierno mexicano solicitará, en caso de ganar el juicio, cambios en las decisiones de distribución de armas y que se monitoree a quienes las venden, entre otras cuestiones.
Todo lo anterior es un gran avance en materia de lucha contra el flujo ilícito de armas hacia nuestro país, y se debe seguir complementando con el trabajo conjunto entre ambos Gobiernos. Por ello, la alerta que lanzó la semana pasada la Secretaría de la Defensa Nacional al Gobierno estadounidense en relación con el ingreso a nuestro territorio de armas de uso exclusivo de su Ejército, se ubica en el ánimo de la colaboración para seguir evitando que éstas lleguen a agrupaciones criminales en este lado de la frontera.
El Gobierno de nuestro país exhortó de manera urgente a su contraparte estadounidense a llevar a cabo una investigación al respecto. Si bien Ken Salazar, embajador de aquel país en México, negó (afirmó no tener información sobre el tema) que las armas que el Gobierno federal ha confiscado al crimen organizado pertenezcan al Ejército de la Unión Americana, señaló que, al ser un tema de preocupación bilateral, buscará conocer la realidad.
Destacó, asimismo, que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, tienen el compromiso de hacer todo lo que se pueda para reducir el flujo de armas que llegan a nuestro país.
Es necesario seguir avanzando y trabajando en forma conjunta para acabar con un flagelo que empodera innecesariamente a organizaciones criminales en nuestro territorio. Por ello, batallas como la que libra el Gobierno federal contra dichas empresas y distribuidoras de armas estadounidenses combaten la violencia, y buscan la paz y la seguridad de México y su pueblo.
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