La realidad de la violencia en México es sumamente compleja. Es el resultado de un largo deterioro del tejido social, de una profunda corrupción arraigada en todos los niveles de gobierno durante el viejo régimen, que se nutre de la venta de armas desde Estados Unidos, que es el mayor proveedor mundial de armamento, y especialmente incentivado por la llamara guerra contra el narco en el sexenio de 2006 – 2012, que aumentó exponencialmente el número de enfrentamientos armados, de homicidios violentos y de carteles de la droga.
La actual administración federal intenta contener está tendencia de aumento en la violencia de se extendió al sexenio siguiente con un cambio drástico en la estrategia de seguridad, que tiene como principales ejes el combate de las causas de la violencia, cómo la falta de oportunidades, y fortaleciendo el Estado de derecho combatiendo la corrupción y creando leyes que rijan el actuar de las fuerzas de seguridad, a fin de evitar violaciones a los derechos humanos que normalmente ocurren en los tiempos violentos, para lo cual se creó y capacitó a la Guardia Nacional en tareas, tanto de proximidad ciudadana cómo de combate a grupos armados.
A pesar de que a nivel federal y local (a partir de la administración de David Monreal), los índices delictivos se han disminuido, la complejidad de esta situación evita que la ciudadanía perciba los cambios, que llevarán muchos años y que implicará un cambio en el imaginario colectivo que se contraponga a la narcocultura que busca arraigarse en la juventud, cómo una forma de éxito a costa de la sociedad.
La quema de vehículos y comercios en Jalisco y Guanajuato de los últimos días nos advierten la una violencia focalizada en las rutas del tráfico de sustancias ilícitas que va más allá de las fronteras de las entidades, por lo que las estrategias estatales deben fundarse en la cooperación entre ellos, a nivel municipal, y con el Gobierno federal.
Según datos ofrecidos por la presidencia, el Ejército realizó un operativo de seguridad ante la noticia de una reunión entre jefes criminales, lo que provocó una fuerte respuesta. En estos actos tuvieron como saldo un delincuente abatido, varias detenciones y decomisos de armas y vehículos.
Los medios de comunicación, por su parte, No deberían polarizar está compleja realidad en dos caras de la moneda: no minimizar la inseguridad, ni capitalizar las tragedias para demeritar los esfuerzos y logros que el gobierno democrático está realizando.
En este contexto, el cambio de mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al Ejército, representa una decisión audaz y drástica, pero necesaria para garantizar que está agrupación mantenga sus niveles de aprobación ciudadana y pueda garantizar seguridad en aquellas zonas donde tiene presencia, sin riesgo de que ello sea un subterfugio para militarizar al país con intenciones autoritarias, cómo algunos medios de comunicación, acostumbrados a una línea editorial critica a ultranza, quieren hacer creer.
La imparcialidad y objetividad no es solo una obligación moral de quienes se dedican a los medios noticiosos, sino una condición necesaria para la reconstrucción del tejido social.
