En México, una nación con una rica tradición legal y una diversidad cultural que se refleja en su complejo sistema de justicia, la independencia del poder judicial adquiere un significado crucial para la construcción y consolidación de una democracia fortalecida. Es un pilar inquebrantable que no sólo se encarga de interpretar y aplicar las leyes, sino que también garantiza que los derechos y libertades de los ciudadanos sean respetados y defendidos.
Recientemente han surgido distintas manifestaciones a lo largo del país por la aprobación que hicieron los diputados en días pasados para eliminar 13 fideicomisos que representan 15,000 millones de pesos. Tal situación ha significado un importante debate social entre los que castigan ciegamente los llamados “privilegios” de dicha entidad, y quienes respaldan, a capa y espada, su permanencia. Ante tal hecho, es elemental señalar que los fideicomisos del poder judicial, son parte fundamental del sistema de justicia en el país, creados con el objetivo de asegurar la autonomía e independencia de este poder del Estado, permitiendo su funcionamiento de manera eficiente sin injerencias políticas o económicas.
La eventual eliminación de los instrumentos en cuestión, es un tema que sin lugar a dudas genera preocupación y disputas en el ámbito de la justicia y la política nacional. Su inminente supresión impactaría críticamente contra la estabilidad democrática y la integridad de los poderes de la unión. Sin una fuente de financiamiento independiente, el poder judicial puede llegar a convertirse en una herramienta política, lo que erosionaría su capacidad de preservar el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley. La confianza de las personas se vería comprometida, así como la percepción de que las decisiones jurisdiccionales estén influenciadas por consideraciones ajenas que se volverían un obstáculo para el pleno ejercicio de la democracia.
Además, una determinación de esas características, tendría implicaciones directas en la eficiencia y calidad del servicio judicial. La falta de recursos para el mantenimiento e infraestructura, capacitación de personal y modernización de los procesos, podría dar lugar a retrasos en los asuntos que ahí se ventilan o insuficiencia para la prestación de sus servicios, transgrediendo para los ciudadanos uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial.
La polémica generada en torno a la eliminación de los fideicomisos debe ser abordada con cautela y, sobre todo, discutida oportunamente por todas las partes interesadas; lo contrario sería autoritarismo. La independencia del poder judicial no es un privilegio, sino una necesidad vital que garantiza la igualdad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. En un contexto donde el Estado de Derecho y la justicia son esenciales, la sociedad mexicana debe considerar cuidadosamente las implicaciones de esta decisión y su impacto en la democracia y la autonomía de los poderes.
