/ viernes 18 de agosto de 2023

Resurgimiento aéreo

En días pasados, el Gobierno de México anunció el regreso de la aerolínea conocida como “Mexicana de Aviación”, luego de 13 años de conflictos por la quiebra de la compañía originada 5 años después de que fuera privatizada y vendida a Grupo Posadas. Ahora, con un acuerdo que asciende a los 815 millones de pesos entre el Estado y los antiguos empleados de la misma, y una inyección de capital de 4,000 millones de pesos para iniciar operaciones, el Gobierno nuevamente surcará los cielos a través de una Empresa del Estado.

La administración pública en México se organiza en diferentes niveles: federal, estatal y municipal; así como en función de sus tareas o atribuciones: centralizada, que es la estructura del Estado que está directamente ligada a la autoridad del poder ejecutivo, y descentralizada, la cual se encuentra separada del organismo central y constituida por entidades autárquicas dotadas de personalidad jurídica propia y competencia para decidir.

Al marco de la administración descentralizada o paraestatal, se encuentran las Empresas del Estado encargadas de realizar, en la mayoría de los casos, actividades comerciales e industriales, que son establecidas con diversos propósitos, como la prestación de servicios públicos, el impulso a la economía, la generación de empleos y el desarrollo de sectores estratégicos. El ejemplo más evidente en nuestro país es Petróleos Mexicanos (PEMEX), compañía estatal de petróleo y gas, facultada para la exploración, producción, refinación y comercialización de los hidrocarburos.

Así las cosas, aún con los desafíos financieros, regulatorios y operativos que significa la “nueva” empresa aérea del Estado, resurge en un escenario que, además de brindar alternativas en la conectividad nacional, pudiendo representar beneficios en regiones menos atendidas por las aerolíneas existentes, también puede llegar a influir en la reducción de tarifas y el mejoramiento en la calidad del servicio, al aumentar la competencia en el mercado aéreo. Igualmente, para la industria aeronáutica local, es un área de oportunidad, ya que podría estimular el desarrollo en el sector, incluyendo la manufactura y el mantenimiento de las aeronaves, situación que tendría efectos positivos en la economía y el empleo.

Indudablemente, la operación de empresas paraestatales ofrece coyunturas que pueden garantizar que algunos servicios sean más eficientes y accesibles. Sin embargo, para alcanzar dichos objetivos, se requiere que su administración sea sólida y transparente. A medida que México avanza hacia un nuevo capítulo en su historia, es imperativo se sigan perfeccionando los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, pues sólo a través de una administración rigurosa y ética se podrá maximizar su potencial en beneficio de la sociedad y evitar los errores del pasado. En última instancia, la correcta gestión de las Empresas del Estado no sólo resguarda su viabilidad, sino que también preserva la confianza pública y el logro de los objetivos nacionales.

En días pasados, el Gobierno de México anunció el regreso de la aerolínea conocida como “Mexicana de Aviación”, luego de 13 años de conflictos por la quiebra de la compañía originada 5 años después de que fuera privatizada y vendida a Grupo Posadas. Ahora, con un acuerdo que asciende a los 815 millones de pesos entre el Estado y los antiguos empleados de la misma, y una inyección de capital de 4,000 millones de pesos para iniciar operaciones, el Gobierno nuevamente surcará los cielos a través de una Empresa del Estado.

La administración pública en México se organiza en diferentes niveles: federal, estatal y municipal; así como en función de sus tareas o atribuciones: centralizada, que es la estructura del Estado que está directamente ligada a la autoridad del poder ejecutivo, y descentralizada, la cual se encuentra separada del organismo central y constituida por entidades autárquicas dotadas de personalidad jurídica propia y competencia para decidir.

Al marco de la administración descentralizada o paraestatal, se encuentran las Empresas del Estado encargadas de realizar, en la mayoría de los casos, actividades comerciales e industriales, que son establecidas con diversos propósitos, como la prestación de servicios públicos, el impulso a la economía, la generación de empleos y el desarrollo de sectores estratégicos. El ejemplo más evidente en nuestro país es Petróleos Mexicanos (PEMEX), compañía estatal de petróleo y gas, facultada para la exploración, producción, refinación y comercialización de los hidrocarburos.

Así las cosas, aún con los desafíos financieros, regulatorios y operativos que significa la “nueva” empresa aérea del Estado, resurge en un escenario que, además de brindar alternativas en la conectividad nacional, pudiendo representar beneficios en regiones menos atendidas por las aerolíneas existentes, también puede llegar a influir en la reducción de tarifas y el mejoramiento en la calidad del servicio, al aumentar la competencia en el mercado aéreo. Igualmente, para la industria aeronáutica local, es un área de oportunidad, ya que podría estimular el desarrollo en el sector, incluyendo la manufactura y el mantenimiento de las aeronaves, situación que tendría efectos positivos en la economía y el empleo.

Indudablemente, la operación de empresas paraestatales ofrece coyunturas que pueden garantizar que algunos servicios sean más eficientes y accesibles. Sin embargo, para alcanzar dichos objetivos, se requiere que su administración sea sólida y transparente. A medida que México avanza hacia un nuevo capítulo en su historia, es imperativo se sigan perfeccionando los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, pues sólo a través de una administración rigurosa y ética se podrá maximizar su potencial en beneficio de la sociedad y evitar los errores del pasado. En última instancia, la correcta gestión de las Empresas del Estado no sólo resguarda su viabilidad, sino que también preserva la confianza pública y el logro de los objetivos nacionales.