Hablar de la diferencia que existe entre justicia y legalidad siempre será una discusión bizantina, es decir, inútil, desde cualquier punto de vista.
La justicia es subjetiva porque depende de la escala de valores y principios de cada persona; mientras que la legalidad es objetiva porque está contenida en la norma escrita y por tanto son las leyes que regulan la convivencia entre las personas y normalmente son para evitar y solucionar los conflictos.
En síntesis podremos advertir que la diferencia entre ambas es importante, porque la justicia es arbitraria y la legalidad no.
La justicia y la legalidad son dos conceptos que se encuentran estrechamente relacionados, ya que cuando se habla de justicia se hace referencia a un principio universal y ético que se rige por la verdad y en garantizar la igualdad, equidad y la libertad, así como al conjunto de valores que rigen el Estado de Derecho.
Pero es importante precisar que a pesar de que una determinada solución a un conflicto sea legal, no siempre puede justa.
Todo lo anterior viene a cuento por el polémico acuerdo publicado por el Gobernador del Estado de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna, en el que se afirma que 480 trabajadores de confianza del Gobierno Estatal serán liquidados con un bono que podría alcanzar los 150 días de salario integrado como concepto de liquidación por la terminación de su relación laboral el próximo 11 de septiembre.
Se ha afirmado que es legal y que el recurso está contenido en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Zacatecas para el ejercicio 2021.
Sin embargo, en medio de la crisis económica que vive el estado, las arcas estatales en quiebra y las condiciones administrativas del Estado a punto del colapso, la entrega del bono, por legal que sea ¿Qué tan justa es su distribución en este momento?
Esta decisión alivia la carga presupuestal para el próximo gobierno y libera 480 plazas de mandos medios hacia arriba en un solo procedimiento, porque más allá de la clasificación como una medida injusta, también le quita mucha carga el futuro gobernador.
De no aceptar la medida, los problemas económicos para el futuro gobernador, por los juicios laborales, elevarían a cientos de millones de pesos la posibilidad de contar con esos espacios y poder los compromisos adquiridos durante la campaña, y aún antes de ella.
Al final, los bonos serán entregados y es una pena que no coincida lo legal con lo justo, y qué complicado es aceptar que la justicia sea amparada en las leyes quedando una enorme impotencia al comprobar que lo legal es injusto y que la gran mayoría de ocasiones, lo justo nunca lo ampara la Ley.
