/ jueves 18 de julio de 2019

Ambición política

Mis últimas colaboraciones tratan de la necesidad de cuadros de alto desempeño político en el actual grupo que gobierna el país. No es fijación del tema sino comentar la dinámica nacional, donde dicho segmento de la clase política mexicana se empeña exitosamente en dar mala imagen y desafortunadamente perjudican al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la semana pasada hubo dos sucesos que impactan negativamente en la gobernabilidad y cuyos protagonistas son gente circunscrita a AMLO: la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías (Aguascalientes, 9/junio/1955) como titular de la muy importante Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que el Gobernador Electo (o aún sin tomar posesión oficialmente) Jaime Bonilla Valdez (Tijuana, 9/junio/1950) mueva a Diputados locales de Baja California para cambiar la constitucionalidad y así gobernar cinco años y no dos como se estableció electoralmente.

Urzúa Macías argumentó injerencia de otras esferas del gobierno de AMLO y que nuevos funcionarios de SHCP no son muy competentes para el cargo por su deficiente experiencia. Esta renuncia exhibe incompatibilidad de visión gubernamental y muestra claramente el nivel de ambición de poder en altas esferas cercanas a AMLO.

Igual ambición política se percibe en Bonilla Valdez, perteneciente al partido MORENA, quien desde meses atrás trató de modificar la normatividad para estar un sexenio como gobernador pero el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California emitió resolución en la última semana de mayo 2019 donde deja en claro que se respetan las bases electorales referente al tiempo de gestión del 01 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2021, desafortunadamente para la democracia bajacaliforniana y en general del país, la Cámara de Diputados de este estado cambió el periodo gubernamental hasta cinco años para concluir en 2024.

Ambos hechos son regalo a la oposición que tiene AMLO tanto partidista como empresarial, pues PAN, PRI y PRD han expresado su inconformidad y refieren un experimento para prolongar el sexenio presidencial, pero algunos militantes de MORENA junto con otros partidos promueven juicio político contra los Diputados que votaron a favor de ese cambio constitucional en Baja California; por los empresarios sobresale la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) quien acusa a AMLO de pactar con Jaime Bonilla. Estas y demás declaraciones hasta la fecha tienen claro objetivo de golpeteo al Presidente de México a fin de demostrar a los votantes por AMLO cometieron error en su sufragio, de contener la dinámica presidencial y preparar terreno para próximas elecciones. Continúa la ambición política aunque diferentes actores.

Mis últimas colaboraciones tratan de la necesidad de cuadros de alto desempeño político en el actual grupo que gobierna el país. No es fijación del tema sino comentar la dinámica nacional, donde dicho segmento de la clase política mexicana se empeña exitosamente en dar mala imagen y desafortunadamente perjudican al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la semana pasada hubo dos sucesos que impactan negativamente en la gobernabilidad y cuyos protagonistas son gente circunscrita a AMLO: la renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías (Aguascalientes, 9/junio/1955) como titular de la muy importante Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que el Gobernador Electo (o aún sin tomar posesión oficialmente) Jaime Bonilla Valdez (Tijuana, 9/junio/1950) mueva a Diputados locales de Baja California para cambiar la constitucionalidad y así gobernar cinco años y no dos como se estableció electoralmente.

Urzúa Macías argumentó injerencia de otras esferas del gobierno de AMLO y que nuevos funcionarios de SHCP no son muy competentes para el cargo por su deficiente experiencia. Esta renuncia exhibe incompatibilidad de visión gubernamental y muestra claramente el nivel de ambición de poder en altas esferas cercanas a AMLO.

Igual ambición política se percibe en Bonilla Valdez, perteneciente al partido MORENA, quien desde meses atrás trató de modificar la normatividad para estar un sexenio como gobernador pero el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California emitió resolución en la última semana de mayo 2019 donde deja en claro que se respetan las bases electorales referente al tiempo de gestión del 01 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2021, desafortunadamente para la democracia bajacaliforniana y en general del país, la Cámara de Diputados de este estado cambió el periodo gubernamental hasta cinco años para concluir en 2024.

Ambos hechos son regalo a la oposición que tiene AMLO tanto partidista como empresarial, pues PAN, PRI y PRD han expresado su inconformidad y refieren un experimento para prolongar el sexenio presidencial, pero algunos militantes de MORENA junto con otros partidos promueven juicio político contra los Diputados que votaron a favor de ese cambio constitucional en Baja California; por los empresarios sobresale la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) quien acusa a AMLO de pactar con Jaime Bonilla. Estas y demás declaraciones hasta la fecha tienen claro objetivo de golpeteo al Presidente de México a fin de demostrar a los votantes por AMLO cometieron error en su sufragio, de contener la dinámica presidencial y preparar terreno para próximas elecciones. Continúa la ambición política aunque diferentes actores.

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