Los datos de la realidad y la percepción sobre la violencia e inseguridad y la crisis económica que Zacatecas reciente, no dejan de ser negativos y a diario apuntan a empeorar. Ciertamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió de inmediato y llegaron más refuerzos del Ejército y la Guardia Nacional para pronto y al seno de la mesa de seguridad analizar la situación a fondo y establecer mayores y más contundentes estrategias que la sociedad y la gente en sus comunidades debe sentir como reacción a sus demandas por alcanzar la paz y tranquilidad.
En lo económico siguen las tribulaciones, entre los zacatecanos hay congoja y el tormento más castiga a los que nada o menos tienen, a los asalariados y a los sectores empresarial y comercial que no ven la recuperación, y más se extiende la preocupación cuando cuando el gobernador David Monreal advierte que en las arcas estatales no hay dinero ni para pagar los aguinaldos de los trabajadores del estado, aunque no se disipa la confianza en lo expresado aquí por el Presidente en el sentido de que serán canalizados los recursos presupuestales para un cierre normal del año fiscal. Testimonios que más ilustran las carencias presupuestarias se registran en los municipios que ya estiran las manos hacia el gobierno del estado para lograr anticipos que les permitan cumplir con los compromisos decembrinos en materia de salarios y prestaciones, como así lo exhiben desde Zacatecas Capital, Fresnillo, Jerez y los del altiplano y semidesierto.
Esto parece el cuento de nunca acabar y las culpan oscilan entre los gobiernos pasados y los actuales. Más sin embargo, la dispersión de los esfuerzos es latente y no hay muestras de integración, el Secretario de Finanzas, don Ricardo Olivares Sánchez advirtió ante la representación popular también resquebrajada, que 2022 será un año de sacrificio y esfuerzo para poder consolidar las políticas públicas y detonar el desarrollo, sin descuidar el refinanciamiento de la deuda pública por 7 mil 100 millones de pesos para lograr un ahorro de 859 millones de pesos, 659 millones para pago de capital y los 200 de ahorro en el costo de la deuda. Por estas razones se justifican los pronunciamientos de David Monreal para aplicar una estricta austeridad, disciplina y responsabilidad del gasto con la eliminación de privilegios y erogaciones suntuosas y superfluas, estrategia financiera que es avalada por la sociedad.
Frente a este panorama nada halagador el diálogo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es urgente, porque tensar las relaciones que se han proyectado respetuosas e institucionales, sería agregar más conflictividad a procedimientos presupuestarios que han de ejecutarse hasta reencontrar la sanidad financiera. El acercamiento y entendimiento son necesarios y vitales. Más todavía, a estos comportamientos de conciliación deben sumarse las instituciones sociales y los sectores económicos de comerciantes, empresarios, mineros, industriales y sindicales y para consolidar esa comunión institucional, hacen falta la operatividad política, la inteligente interlocución desde la Secretaría General de Gobierno de Gabriela Pinedo, con Julia Olguín y Javier Reyes Romo. Como también corresponsablemente han de cumplir su gestoría y representación los diputados y diputadas locales, para que lleven información y comprensión a la sociedad.
