/ viernes 22 de abril de 2022

Litio y reforma eléctrica; triunfos y derrotas

Luego de que la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera desechada en la Cámara de Diputados, no se dejaron esperar las opiniones que intentaron capitalizar políticamente este hecho e incluso lo señalaron como una derrota de la Cuarta Transformación frente a la oposición; hubo incluso quienes vaticinado el fin de la continuidad del proyecto de transformación para 2024.

Ante este escenario vale la pena preguntarnos, ¿Quién perdió con la no aprobación de la reforma eléctrica? La respuesta no es unívoca, sino que da pie a un análisis sobre sus implicaciones.

Por principio de cuentas es importante señalar que la reforma constitucional fue presentada por el titular del Ejecutivo como una medida adicional a la reforma ya aprobada en la materia que modificó la Ley de la Industria Eléctrica, con el fin de eliminar las inequidades contra la Comisión Federal de Electricidad y recuperar la rectoría del Estado en este ramo, la cual fue judicializada ante la SCJN por la misma oposición que votó su aprobación en ambas Cámaras legislativas.

No obstante, el máximo tribunal constitucional declaró la validez de las reformas en sus puntos más importantes, por lo que los contratos de cobertura eléctrica, contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y contratos legado para el suministro básico seguirán siendo vigentes, y en cuanto al resto de los artículos impugnados por violar los principios de competencia económica y libre concurrencia, se desestimó la acción.

Por otra parte, ante la evidente posibilidad de que la reforma constitucional en materia eléctrica no fuera aprobada, como de hecho ocurrió, el presidente Andrés Manuel presentó una reforma a la Ley Minera, con el objetivo de nacionalizar el litio, un mineral que la infructífera iniciativa pretendía proteger dada su relevancia para la transición energética hacia energías limpias y el aumento de la demanda internacional que experimentará en los próximos años, misma que fue aprobada y marcará la ruta del aprovechamiento responsable de este material en beneficio de la Nación.

Si bien con el desechamiento de la iniciativa de reforma constitucional del presidente se hizo patente la fuerza de la oposición en el poder legislativo federal, también quedó de relieve la postura de las fuerzas políticas que dieron la espalda al pueblo de México en esta lucha que se emprendió desde el 2018 por la soberanía y la autosuficiencia energética. Al contrario de lo que vaticina la oposición, esta decisión podrá ser castigada en las urnas por la ciudadanía, que ha seguido muy de cerca este caso.

La derrota de la oposición es moral porque no tienen forma alguna de excusar su actuar ante su electorado, pero también es política porque no presentan alguna alternativa que fomente el debate de altura. ¿Quién ganó entonces? La democracia, que ha demostrado la funcionalidad de los pesos y contrapesos en el gobierno de la 4t. Al fin de cuentas, la nueva política energética avanza, aunque con algún tropiezo, con un objetivo claro: traducir nuestros recursos en bienestar.

Luego de que la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera desechada en la Cámara de Diputados, no se dejaron esperar las opiniones que intentaron capitalizar políticamente este hecho e incluso lo señalaron como una derrota de la Cuarta Transformación frente a la oposición; hubo incluso quienes vaticinado el fin de la continuidad del proyecto de transformación para 2024.

Ante este escenario vale la pena preguntarnos, ¿Quién perdió con la no aprobación de la reforma eléctrica? La respuesta no es unívoca, sino que da pie a un análisis sobre sus implicaciones.

Por principio de cuentas es importante señalar que la reforma constitucional fue presentada por el titular del Ejecutivo como una medida adicional a la reforma ya aprobada en la materia que modificó la Ley de la Industria Eléctrica, con el fin de eliminar las inequidades contra la Comisión Federal de Electricidad y recuperar la rectoría del Estado en este ramo, la cual fue judicializada ante la SCJN por la misma oposición que votó su aprobación en ambas Cámaras legislativas.

No obstante, el máximo tribunal constitucional declaró la validez de las reformas en sus puntos más importantes, por lo que los contratos de cobertura eléctrica, contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y contratos legado para el suministro básico seguirán siendo vigentes, y en cuanto al resto de los artículos impugnados por violar los principios de competencia económica y libre concurrencia, se desestimó la acción.

Por otra parte, ante la evidente posibilidad de que la reforma constitucional en materia eléctrica no fuera aprobada, como de hecho ocurrió, el presidente Andrés Manuel presentó una reforma a la Ley Minera, con el objetivo de nacionalizar el litio, un mineral que la infructífera iniciativa pretendía proteger dada su relevancia para la transición energética hacia energías limpias y el aumento de la demanda internacional que experimentará en los próximos años, misma que fue aprobada y marcará la ruta del aprovechamiento responsable de este material en beneficio de la Nación.

Si bien con el desechamiento de la iniciativa de reforma constitucional del presidente se hizo patente la fuerza de la oposición en el poder legislativo federal, también quedó de relieve la postura de las fuerzas políticas que dieron la espalda al pueblo de México en esta lucha que se emprendió desde el 2018 por la soberanía y la autosuficiencia energética. Al contrario de lo que vaticina la oposición, esta decisión podrá ser castigada en las urnas por la ciudadanía, que ha seguido muy de cerca este caso.

La derrota de la oposición es moral porque no tienen forma alguna de excusar su actuar ante su electorado, pero también es política porque no presentan alguna alternativa que fomente el debate de altura. ¿Quién ganó entonces? La democracia, que ha demostrado la funcionalidad de los pesos y contrapesos en el gobierno de la 4t. Al fin de cuentas, la nueva política energética avanza, aunque con algún tropiezo, con un objetivo claro: traducir nuestros recursos en bienestar.