/ viernes 29 de abril de 2022

Reforma democrática

La democracia mexicana es una de las más caras del mundo, pero menos de la mitad de la población la prefieren sobre cualquier otra forma de gobierno, de acuerdo con mediciones de Latinobarómetro. Para fortalecer la democracia se necesitan más demócratas, pero para que haya más demócratas debe haber un cambio en las reglas del juego que la hagan más confiable y que inciten a la participación ciudadana.

Este jueves, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la reforma constitucional en materia político-electoral para llevar a cabo cambios en nuestro sistema democrático, como la eliminación de representantes plurinominales en ambas Cámaras legislativas federales, acotar el financiamiento público de los partidos políticos y la posibilidad de elegir a quienes integran los órganos electorales; sin embargo, tomando como referencia que la reforma constitucional en materia eléctrica fue desechada en la Cámara de Diputados recientemente, se advierte la posibilidad de que esta nueva iniciativa corra la misma suerte.

Aunque la propuesta del Ejecutivo Federal tiene grandes virtudes y promete un ahorro de 24 mil millones de pesos, también contempla algunos aspectos que pueden ser más cuestionables, como el hecho de sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ya que es una institución que se ha venido fortaleciendo con el paso de los años, y que podría mejorar su funcionamiento con una reforma integral y profunda de las leyes que le rigen; lo que además sería más viable en términos de su aprobación en el Congreso de la Unión, al no requerirse la mayoría calificada que exigen las reformas a la Norma Fundamental.

El INE surgió en la última reforma política, hace poco más de un sexenio en 2014, y desde entonces, si bien los fraudes electorales no han desaparecido de nuestra vida pública, sí se han logrado avances importantes en cuanto a la vigilancia de las jornadas electorales y el acatamiento de la voluntad popular en los resultados, aún contra la voluntad de algunos altos mandos de los órganos electorales, como ocurrió en 2018, lo que se explica gracias a la gran participación y respaldo de la ciudadanía y también a la relativa solidez de las instituciones.

En este sentido, reducir de 11 a 7 a las y los ministros del Consejo General del hipotético INEC, así como establecer un mecanismo de elección popular para designarlos sería una medida más que pertinente; sin embargo, en la discusión de la Cámara de Diputados se espera que la oposición genere un bloque para demeritar esta reforma y evitar su aprobación. Los argumentos seguramente se centrarán en acusaciones contra el presidente de querer debilitar la democracia al destinar menos recursos a los partidos políticos, o que pretende crear una institución a modo para sus propios intereses.

Esta estrategia de frenar las iniciativas del presidente puede ser técnicamente efectiva pero tiene un gran costo político para la oposición, ya que la ciudadanía reconoce cada vez mejor la necesidad de generar controles de participación ciudadana en materia legislativa.

La democracia mexicana es una de las más caras del mundo, pero menos de la mitad de la población la prefieren sobre cualquier otra forma de gobierno, de acuerdo con mediciones de Latinobarómetro. Para fortalecer la democracia se necesitan más demócratas, pero para que haya más demócratas debe haber un cambio en las reglas del juego que la hagan más confiable y que inciten a la participación ciudadana.

Este jueves, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la reforma constitucional en materia político-electoral para llevar a cabo cambios en nuestro sistema democrático, como la eliminación de representantes plurinominales en ambas Cámaras legislativas federales, acotar el financiamiento público de los partidos políticos y la posibilidad de elegir a quienes integran los órganos electorales; sin embargo, tomando como referencia que la reforma constitucional en materia eléctrica fue desechada en la Cámara de Diputados recientemente, se advierte la posibilidad de que esta nueva iniciativa corra la misma suerte.

Aunque la propuesta del Ejecutivo Federal tiene grandes virtudes y promete un ahorro de 24 mil millones de pesos, también contempla algunos aspectos que pueden ser más cuestionables, como el hecho de sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE), por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ya que es una institución que se ha venido fortaleciendo con el paso de los años, y que podría mejorar su funcionamiento con una reforma integral y profunda de las leyes que le rigen; lo que además sería más viable en términos de su aprobación en el Congreso de la Unión, al no requerirse la mayoría calificada que exigen las reformas a la Norma Fundamental.

El INE surgió en la última reforma política, hace poco más de un sexenio en 2014, y desde entonces, si bien los fraudes electorales no han desaparecido de nuestra vida pública, sí se han logrado avances importantes en cuanto a la vigilancia de las jornadas electorales y el acatamiento de la voluntad popular en los resultados, aún contra la voluntad de algunos altos mandos de los órganos electorales, como ocurrió en 2018, lo que se explica gracias a la gran participación y respaldo de la ciudadanía y también a la relativa solidez de las instituciones.

En este sentido, reducir de 11 a 7 a las y los ministros del Consejo General del hipotético INEC, así como establecer un mecanismo de elección popular para designarlos sería una medida más que pertinente; sin embargo, en la discusión de la Cámara de Diputados se espera que la oposición genere un bloque para demeritar esta reforma y evitar su aprobación. Los argumentos seguramente se centrarán en acusaciones contra el presidente de querer debilitar la democracia al destinar menos recursos a los partidos políticos, o que pretende crear una institución a modo para sus propios intereses.

Esta estrategia de frenar las iniciativas del presidente puede ser técnicamente efectiva pero tiene un gran costo político para la oposición, ya que la ciudadanía reconoce cada vez mejor la necesidad de generar controles de participación ciudadana en materia legislativa.