La emergencia social que como tormenta perfecta acarrea acumulación de conflictos y problemas que por la violencia e inseguridad más se agiganta, no puede ser horizonte abierto a privilegios de unos cuantos, de élites políticas o de grupos de poder acostumbrados a la ostentación de voracidad y vanidades que son un insulto a la sociedad y a los gobernados. Hoy los tiempos son críticos y los excesos de poder más ensanchan las desigualdades y exhiben injusticias con actos de corrupción.
Por décadas, sexenios y trienios Zacatecas ha sido escenario de afrentas políticas indignantes, a través de prácticas ilegales, inmorales y corruptas que todavía hoy y en medio de la cuarta transformación y de la nueva gobernanza, pretenden o han pretendido aferrarse a esas prácticas para perpetuarlas y hacer corriente a la continuidad de abusos autoritarios encubiertos de legalidad. Es el caso de las famosas herramientas legislativas, que ante la perversa intención de revivirlas en el Congreso del Estado para favorecer financieramente a los 30 diputados y diputadas locales, la gente lo juzgó inaceptable, los sectores sociales manifestaron oposición e indignación e incluso organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex Zacatecas, ya integraba sendos amparos para evitar ese retorno de las prebendas económicas revestidas de gestión social y de asistencia a los más necesitados, cuando todo mundo sabe y sabía que eran cuantiosos recursos que se embolsaron para interés personal, nunca para el bienestar social o comunitario, como era la esencia de esa asignación presupuestal.
La amenaza voraz y corruptora que con gran pasión impulsó el diputado Xerardo Ramírez, finalmente fue conjurada por el oportuno y eficaz veto que el Ejecutivo del Estado interpuso, una decisión política que debió ser interpretada como acto de congruencia y consecuencia bien armado y sustentado por la Coordinación Jurídica del Gobierno estatal, un comportamiento que genera una mejor percepción entre la población, porque se trata de un ejercicio del poder que asegura políticas de austeridad y honestidad, se da un gran paso en la renovación moral de la clase política, un cambio ético que en cada diputado local o federal y los senadores, debe impactar como lección de compromiso con la sociedad y los representados, para gradualmente y a base de trabajo legislativo consolidar el entramado institucional del estado.
Con esta legítima racionalidad, el sentimiento colectivo de repudio hacia los diputados, se reorienta y se apuntalan esfuerzos de transparencia que pueden rescatar credibilidad y empezar a restaurar la imagen institucional de los legisladores, de por sí desgastada, desprestigiada y degradada por los intereses personales de ambición económica. No obstante, la estela de dudas, sospechas y escepticismo hacia la representación popular, prevalece. El daño y deterioro arraigaron en la conciencia popular, ya que sucesivamente, trienio a trienio han dejado profunda decepción por su ineptitud parlamentaria y las ausencias o vacíos en los distritos y municipios, entre las comunidades y grupos sociales, que debieron y deben ser la prioridad de sus gestiones de bienestar social, no de su bienestar personal.
Finalmente, el veto a las herramientas legislativas extiende un manto de transparencia sobre los diputados y diputadas, que inevitablemente son gobierno y que por ello, en buena medida, son corresponsables en la restauración de la confianza de la gente.
