En verdad que duele que Zacatecas destaque en la cobertura informativa sobre cotidianas tragedias mortales, los más elevados escenarios de violencia e inseguridad. Primeras planas con grandes titulares, columnas críticas, artículos de análisis y reportajes gráficos, llenas de sucesos criminales extremos e inhumanos. Como así lo registró ayer nuestro periódico y diarios nacionales, tan solo del viernes anterior al domingo, 13 asesinatos, la suma fatídica es de 220 señaladamente en el primer mes del gobierno de David Monreal, que acusa es la herencia maldita que nos dejaron.
Los zacatecanos de afuera, desde Los Ángeles y San Francisco, California; de Chicago, Dallas, Las Vegas; de Arizona, Oregon, Florida, Texas, se reportan con reclamos. ¿Qué se hace para superar esa crisis de violencia? ¿Qué les falta en Zacatecas para enfrentar la inseguridad y cambiar esa terrible realidad? ¿Cuándo podremos regresar a disfrutar de la paz y tranquilidad en nuestra tierra?
Eso desde allá, y aquí, en las comunidades, municipios, colonias, la sociedad que a diario siente y sufre esa ofensiva sangrienta, con razón exigen sea recuperada la estabilidad social, que haya certidumbre para desarrollar el trabajo productivo e inducir todas las energías al progreso del estado. Hoy, aún reconociendo los errores e incapacidades de gobiernos pasados, imposible eludir la responsabilidad gubernamental, se tienen que encarar la crisis con la más realista ayuda del gobierno federal, que haya efectiva coordinación de los tres Poderes del Estado y entre los tres niveles de gobierno; que el secretario de Seguridad, Arturo López Bazán entregue resultados efectivos y no datos mediáticos. No hay de otra, el nuevo gobierno no tiene para donde hacerse, tiene que encarar la gravedad de la emergencia social.
La gente insiste, los sectores productivos y sociales demandan al gobernante que pronto sea recuperada la paz y tranquilidad, porque a eso se comprometió, y existe confianza en que lo hará, que cumplirá porque tiene el respaldo popular, la fuerza más contundente que avala sean utilizados todos los instrumentos y recursos institucionales y legales para abatir la violencia, porque hasta el momento la seguridad pública está secuestrada y no se cumple el mandato constitucional de garantizar la vida y patrimonio de los zacatecanos y zacatecanas. Duele que en esos escenarios de violencia, cada día más víctimas sean mujeres y jóvenes.
Testimonio y evidencia de la ausencia de coordinación regional ha sido la postura del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, al asegurar que "no permitirá que bandas criminales de Zacatecas entren a su estado y urgió al gobierno de David Monreal a que ponga manos en el asunto y controle la inseguridad." Con ostentación, alegó que hacen en trabajo de Zacatecas en los límites de San Luis Potosí, pero ya no vamos a permitir que se nos metan, advirtió.
Consta institucionalmente y en los archivos hemerográficos, que se han signado convenios de colaboración y de coordinación con Zacatecas, entre los gobiernos de San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Coahuila y Jalisco, tal parece solo para la foto. Los gobernadores, entre ellos David Monreal y Ricardo Gallardo, deben saber que en la lucha contra la criminalidad, frente a la violencia y la inseguridad, no hay fronteras y si debe haber cooperación directa y estratégica para combatir juntos esos flagelos que a la sociedad la tienen aterrorizada y contenida en sus esfuerzos para el trabajo productivo y la convivencia familiar y comunitaria.
