La normalidad democrática es el escenario óptimo para el desarrollo de las campañas electorales y los comicios del 6 de junio, lo que implica condiciones de seguridad pública, estabilidad social, que sean garantizadas la legalidad, equidad e imparcialidad en el proceso y que exista un ambiente de conciliación muy alejado de la lógica de confrontación que algunos actores de la vida política y desde el poder insisten en promover, provocar y atizar.
Nadie en la sociedad, ni entre los ciudadanos ni entre las instituciones desean que en la batalla por la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos, se caiga en el vértigo de las guerras sucias o campañas negras, que siempre generan atmósferas denigrantes y degradantes, hasta enrarecer peligrosamente el panorama electoral que hasta el momento y gracias a la participación responsable de los partidos y la actuación apegada a la legalidad de las instituciones electorales, y por el Acuerdo por la Democracia firmado por el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados, con alcance a los Municipios, se advierte una elección en la ruta de la certidumbre social y la confianza ciudadana en resultados creíbles, confiables, legítimos y verdaderamente democráticos.
Innecesario e inútil anticipar denuncias de fraude electoral, al contrario, hay el reconocimiento pleno al desarrollo de un proceso caracterizado por la imparcialidad y que pinta a un resultado limpio y reconocido por todos los actores y protagonistas. Las campañas transcurren en medio de tranquilidad y sin cerrar los ojos ante las crisis pandémica, económica y de violencia, que son latentes, los candidatos luchan por unas elecciones transparentes y cumplen con la promoción del voto a su favor y lo hacen convencidos de que construyen una mejor democracia sustentada en las instituciones democráticas, que como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal de Justicia Electoral, a diario se perfeccionan para derrotar escepticismo ciudadano y el abstencionismo electoral.
En este sentido, cualquier intento desde los poderes presidencial, gubernamental, económico o fácticos por alterar esas condiciones de normalidad democrática para promover la confrontación, los odios, rencores, revanchas y polarizar a los mexicanos, es condenable. Así por ejemplo, es en serio que sí preocupa, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insista en confrontarse con periodistas, empresarios y adversarios, insano afán que debe ser superado y dejarlo atrás, porque continuar así lo llevará a tocar fondos indeseables e innecesarios de deterioro y desprestigio de la figura presidencial, institución que siempre ha sido respetada y exaltada por los mexicanos y que no merece ser degradada.
El Presidente no debe perder su identidad política como el Presidente de todas y de todos, por eso la gente ve equivocado rivalizar con escritores, críticos, intelectuales y medios de comunicación; rechaza que haya confrontación con el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros, cuya responsabilidad es garantizar la equidad, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas de las elecciones. No se debe atentar contra la vida democrática de los mexicanos y no se debe romper con el Acuerdo por la Democracia que surgió desde la Presidencia de la República y es reclamo de todos los ciudadanos.
