Justamente a los 90 días de la fecha electoral del 6 de junio, en el escenario estatal domina el tema de la legalidad electoral desde los gobiernos federal, estatal y municipales. Alejandro Tello ha reiterado e insiste en recalcar que no se meterá en la elección, advierte que cualquier gobernante que viole la ley electoral se va a la cárcel sin derecho a fianza, que hay que entender los signos de los tiempos y sumarse al acuerdo nacional por la democracia convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el que también el jefe de la Nación debe estar profunda y responsablemente comprometido, sin rasgos de simulación, sin ambivalencia y tampoco hipocresía.
En efecto, ya no son los tiempos de hace 40 ó 50 años de la hegemonía priista, y aquí recordamos aquella coloquial expresión del político jerezano Jesús Sánchez García, cuando afirmaba contundente e irreverente, ¡yo hago las cosas como me da mi chingada gana! Ya no, eso se acabó, y en la cuarta transformación el partido en el poder presidencial debe demostrarlo y no asumir posturas cínicas como la de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, cuando ostenta que "Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta electoral del 6 de junio, "pero sirven los apoyos sociales". Con esa torpeza exhibe una prepotencia triunfalista que lo dice todo, un contrasentido que desvirtúa el llamado del presidente a cancelar el oscuro pasado de imposiciones y fraudes electorales y comprometerse a no apoyar a ningún candidato de ningún partido y no permitir el uso del presupuesto público para fines electorales.
En este sentido, resultan por demás oportunos, por una parte el convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para combatir delitos electorales, fiscales y financieros en el proceso electoral, a través de prevenir, detectar y sancionar el uso indebido de recursos públicos; y por otra, la orden emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, al dictar medida cautelar vía tutela preventiva contra el partido Morena, para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra la Covid-19.
Los resolutivos y convenios en referencia han de interpretarse extensivos a todos los partidos políticos y a los gobiernos municipales, estatales y el federal, para que sea evitados esos comportamientos denunciados que atentan y rompen los principios de equidad e imparcialidad que deben imperar durante los procesos electorales de gobernador, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos.
Hay servidores de la nación
Que en Zacatecas ya han metido el cuerpo en medio del escenario electoral para promover el voto a favor de su partido y candidatos. Son actitudes en las que no deben insistir, para no contradecir a su líder máximo López Obrador y no ensuciar un proceso que ha de marchar con legalidad hacia la legitimidad. No obstante, las advertencias y medidas cautelares de los organismos electorales, el INE como el IEEZ fortalecen los mecanismos de fiscalización en un vigoroso combate a la corrupción política e incluso, para evitar que la delincuencia organizada se filtre en el período electoral que transcurre con normalidad.
