/ viernes 3 de diciembre de 2021

Crónica del poder │Fractura regional favorable a la violencia

Frente al tema de temas qué es la seguridad y ante la emergencia social muy marcada en la violencia e inseguridad, conviene advertir que la coordinación regional es tan estrecha e incierta, que entre los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Coahuila y Jalisco, subyace la más tremenda desconfianza entre gobiernos y corporaciones policiacas y parecen imposibles de identificarse como una zona que debiera actual con la más inteligente estrategia sustentada primeramente en la comunicación y colaboración sobre los focos de violencia localizables en municipios limítrofes donde la integración social, cultural y económica es innegable e irrompible, en contraste con las diferencias y confrontaciones que ya se registran y se suceden hasta entre los gobernadores.

Esa mentalidad fraccionalista de un equivocado soberanismo, impide a los gobernadores ver más allá de sus fronteras que el flagelo de la violencia se extiende incontenible y que no respeta límites geográficos. Observar esos desatinos y comportamientos egoístas y nada solidarios, se exhiben como un despropósito que traiciona la integración regional, porque referir a Zacatecas por los estados vecinos como fuente de todos los males, como la irradiación de riesgos y peligros, como la proyección de tragedias mortales lanzadas desde La Bufa, es atentar contra el federalismo, pero sobre todo, es abrir cauces, canales y vertientes a la intensificación de la violencia y multiplicación de los focos de inseguridad, lo que provoca mayor complejidad a las acciones del gobierno federal caracterizadas con los "abrazos y no balazos" ahora calificados como sinónimo de inteligencia estratégica.

Los gobernadores José Rosas Aispuro Torres, de Durango y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, ambos panistas, fueron los primeros en pinzar a Zacatecas al advertir a sus gobernados no cruzar ni visitar sus pueblos o municipios; más tarde, el gobernador verde ecologista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y el gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, coincidieron en ordenar blindaje en los límites con Zacatecas para evitar el efecto "cucaracha" provocado por la renovada presencia del Ejército y la Guardia Nacional, que se han incrementado por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los reclamos de David Monreal Ávila y los pueblos zacatecanos que urgen por óptima coordinación y operaciones en sintonía.

Los mandatarios acusan que ante la crisis en Zacatecas y la nueva ofensiva de las fuerzas federales y estatales, hacen que los grupos delincuenciales penetren a sus estados a ocultarse de la persecución. O sea, se quejan pero no actúan para detenerlos y cumplir los acuerdos de coordinación ya establecidos por los estados y dirigidos desde gobierno federal, como así suceden en Salinas, Villa de Ramos y Cedran, municipios potosinos; por Nochistlán y Apulco, de Zacatecas; hacia el semidesierto zacatecano desde Saltillo; y por Sombrerete, Chalchihuites y Valparaíso, por la región Cora duranguense.

El proceso de expansión de la inseguridad se debe a la estratégica situación geográfica del estado, que se torna en extensiva contaminación desde un escenario de incesante violencia que aparece como dominación territorial, causa y efecto que no deben ser ignorados por los gobernadores de la región y que al contrario, han de conjuntar esfuerzos, operaciones, estrategias de ofensivas preventivas, de coordinación y de contención, en lugar que intercambiar acusaciones y descalificaciones.

Frente al tema de temas qué es la seguridad y ante la emergencia social muy marcada en la violencia e inseguridad, conviene advertir que la coordinación regional es tan estrecha e incierta, que entre los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Coahuila y Jalisco, subyace la más tremenda desconfianza entre gobiernos y corporaciones policiacas y parecen imposibles de identificarse como una zona que debiera actual con la más inteligente estrategia sustentada primeramente en la comunicación y colaboración sobre los focos de violencia localizables en municipios limítrofes donde la integración social, cultural y económica es innegable e irrompible, en contraste con las diferencias y confrontaciones que ya se registran y se suceden hasta entre los gobernadores.

Esa mentalidad fraccionalista de un equivocado soberanismo, impide a los gobernadores ver más allá de sus fronteras que el flagelo de la violencia se extiende incontenible y que no respeta límites geográficos. Observar esos desatinos y comportamientos egoístas y nada solidarios, se exhiben como un despropósito que traiciona la integración regional, porque referir a Zacatecas por los estados vecinos como fuente de todos los males, como la irradiación de riesgos y peligros, como la proyección de tragedias mortales lanzadas desde La Bufa, es atentar contra el federalismo, pero sobre todo, es abrir cauces, canales y vertientes a la intensificación de la violencia y multiplicación de los focos de inseguridad, lo que provoca mayor complejidad a las acciones del gobierno federal caracterizadas con los "abrazos y no balazos" ahora calificados como sinónimo de inteligencia estratégica.

Los gobernadores José Rosas Aispuro Torres, de Durango y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, ambos panistas, fueron los primeros en pinzar a Zacatecas al advertir a sus gobernados no cruzar ni visitar sus pueblos o municipios; más tarde, el gobernador verde ecologista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y el gobernador priista de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, coincidieron en ordenar blindaje en los límites con Zacatecas para evitar el efecto "cucaracha" provocado por la renovada presencia del Ejército y la Guardia Nacional, que se han incrementado por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los reclamos de David Monreal Ávila y los pueblos zacatecanos que urgen por óptima coordinación y operaciones en sintonía.

Los mandatarios acusan que ante la crisis en Zacatecas y la nueva ofensiva de las fuerzas federales y estatales, hacen que los grupos delincuenciales penetren a sus estados a ocultarse de la persecución. O sea, se quejan pero no actúan para detenerlos y cumplir los acuerdos de coordinación ya establecidos por los estados y dirigidos desde gobierno federal, como así suceden en Salinas, Villa de Ramos y Cedran, municipios potosinos; por Nochistlán y Apulco, de Zacatecas; hacia el semidesierto zacatecano desde Saltillo; y por Sombrerete, Chalchihuites y Valparaíso, por la región Cora duranguense.

El proceso de expansión de la inseguridad se debe a la estratégica situación geográfica del estado, que se torna en extensiva contaminación desde un escenario de incesante violencia que aparece como dominación territorial, causa y efecto que no deben ser ignorados por los gobernadores de la región y que al contrario, han de conjuntar esfuerzos, operaciones, estrategias de ofensivas preventivas, de coordinación y de contención, en lugar que intercambiar acusaciones y descalificaciones.