México vive en democracia. Una democracia que se ha construido a lo largo de varias décadas y gracias al esfuerzo de todas y todos los mexicanos. Por lo que lanzar a la ligera acusaciones de que estamos frente a una dictadura o a un golpe de estado es un despropósito. Nuestros esfuerzos deberían estar encaminados a transitar de una democracia electoral a una democracia participativa.
El tema central de mis colaboraciones pasadas fue el medio ambiente, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, con la idea de poner en el debate público la necesidad de que nuestro país adopte en sus reglas, instituciones y políticas públicas el paradigma del desarrollo sostenible. Hoy pongo otro tema en la agenda de debate público: adoptar el paradigma de la democracia participativa. Si bien algunos de los mecanismos de democracia participativa están establecidos en la legislación -como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato y el presupuesto participativo- aún se les ve con desconfianza.
Varios de los sistemas e instituciones se han creado a partir de la desconfianza, lo que ha provocado que sus reglas y procesos sean enredados y enmarañados. Por ejemplo, el sistema electoral se creó a partir de la desconfianza en elecciones sin competencia y fraudulentas; el sistema de transparencia se estableció por la desconfianza en la opacidad y ocultamiento de la información pública; el sistema anticorrupción se creó para combatir la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos. Son sistemas que se crearon para responder a ciertas problemáticas y que hoy son parte fundamental de nuestra democracia, pero también a los que podemos añadir otros mecanismos para profundizar la vida democrática del país.
La democracia participativa nos lleva a un ejercicio de la ciudadanía más activo y no implica un rompimiento con los procedimientos democráticos ya establecidos en nuestro marco legal, esto es, elecciones libres, periódicas y competitivas; ni con limitar los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución como la libertad de pensamiento, de opinión, de asociación, y el derecho a la igualdad, entre otros derechos. La participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones públicas es profundizar la democracia. Los procedimientos para elegir a los representantes populares y la participación en clave democrática se complementan, no se excluyen. En este entendido, hay pensadores que hablan de democratizar la democracia.
Vale la pena hacer estas reflexiones porque en los últimos días algunas personas han señalado con ligereza y desatino que estamos frente a una dictadura o a un golpe de estado, las cuales son declaraciones que no tienen sustento en la realidad.
El país tiene un gobierno legítimo y legalmente constituido, con el que se podrá o no estar de acuerdo, pero que encamina sus acciones públicas a cumplir el programa electoral por el que una amplia mayoría votó. La democracia participativa requiere también que nosotros como ciudadanos asumamos con responsabilidad nuestras decisiones