En México, cuando se habla de ética y deontología, pareciera que la discusión ya está perdida. No es un secreto que ambos temas se encuentren en el desaire de nuestra sociedad, no sólo por falta de interés, sino que en mucho abona la situación de los núcleos familiares y, sobre todo, de las escuelas, dónde se han dejado de impartir y fomentar los principios y valores más básicos para que nuestra sociedad funcione debidamente. Incluso, hay quienes consideran irremediable el estado deshonesto e inmoral que guarda nuestro país, con el argumento de que se trata de una cuestión cultural a la que estamos “atados” por la historia.
Y es que, desafortunadamente, la falta o nula aplicación de la ética, es una realidad que trasciende a todas las profesiones y escenarios de la vida práctica. Difícilmente alguien podría asegurar que cierta labor se encuentra exenta de ello, y que, por el contrario, su ejercicio entraña las normas y deberes que la ética exige. En el ámbito jurídico, se hace más evidente tal omisión, probablemente, por la alta exposición a conflictos que involucran dilemas éticos o morales, los cuales también se extienden a las autoridades que se ven envueltas en ese espectro. Lo anterior se hace notable en la percepción que la gente tiene respecto a quienes ejercen la abogacía o que están vinculados a ésta, ya que existe una inmensa lista de casos de corrupción que provocan poca credibilidad y confianza.
Igualmente, existe una crisis institucional en todos los ordenes del Estado, que lejos de representar y generar confianza a los ciudadanos, los apartan de lo que efectivamente debería ser un Estado de Derecho. Las entidades del Estado han dejado de simbolizar lo que en su momento importaban, volviendo cada vez más deficiente el desempeño de los poderes en México. Ante tal situación, son muchas las soluciones que se pueden ejecutar, sin lugar a dudas la sociedad exige una profunda reforma institucional que garantice una mejor práctica al interior de las corporaciones. Sin embargo, más allá de cambios legislativos u otros temas de carácter administrativo, se deben atender las causas de raíz, lo cual nos obliga a enfocar, dirigir y reorientar los esfuerzos en la educación de la ética y la deontología desde sus bases; esto es, desde una educación temprana, que permita generar personas conscientes del bien y mal, hasta la educación profesional, que genere un deber de actuación competente, diligente, eficiente y responsable, de tal profundidad que con el paso del tiempo persista, y resulte aplicable no sólo en el ámbito profesional, sino en todos los espacios que ocupa un hombre en sociedad.
