En los últimos días, las redes y medios de comunicación han alardeado, por la reciente aprobación del Senado sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, situación que “permite”, después de tanto tabú, el uso lúdico e industrial de la marihuana.
Nuestro país, a lo largo de su historia, se ha caracterizado por ser fielmente conservador. No es raro que a estas alturas se estén discutiendo temas que en otros países ya fueron abordados con gran antelación. Pese a ello, y aunque parezca una decisión tardía, por fin se ha dado respuesta a una de las demandas sociales que más consecuencias negativas a provocado en México: desde la interminable lista de crímenes y muertes por la guerra contra el narcotráfico, hasta el entorpecimiento de la investigación científica por estigmas o prejuicios.
Esta decisión del cuerpo legislativo, obedece a la Sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, quien determinó, en su ejecutoria, que la prohibición de que un individuo mayor de edad pueda “afectar” su personalidad por el consumo de dicha sustancia, con fines recreativos o lúdicos, trasgrede su derecho al libre desarrollo de la personalidad, puesto que en este caso, la Constitución ampara el derecho de toda persona a decidir qué actividad recreativa o lúdica quiere realizar, así como las formas o acciones para lograr dichas actividades, lo cual implica que, sea cual sea el fin, en el terreno de la autonomía, si para lograrlo la persona requiere ingerir marihuana, puede hacerlo legítimamente.
No es la primera vez que la SCJN hace las veces de un “legislador negativo”, esto implica que, derivado de la complejidad de los casos y temas que llegan a esta instancia jurisdiccional, la Corte deba involucrarse de tal manera que incida, con las herramientas jurídicas que tiene a su alcance, en la esfera del poder legislativo y le ordene la promulgación de leyes.
En intención la Ley es buena, trata de combatir un problema que se ha enraizado en nuestra sociedad, sin embargo, en ejecución parece estar mal planteada, ya que contiene varias prohibiciones que reflejan cierta desproporcionalidad y sobrerregulación hacia distintos grupos vulnerables, al establecer disposiciones que, aparentemente, beneficiarán a las grandes empresas y farmacéuticas, y que por el contrario, continuarán persiguiendo y penalizando a los grupos más frágiles de la sociedad, sean los campesinos, pequeños productores, usuarios de escasos recursos, mujeres y jóvenes.
A pesar de que la Ley tiene deficiencias de origen, sin lugar a dudas significa un paso muy importante para nuestra Nación. Más allá de la doble moral, que en nuestra sociedad es bastante común, podría ser ésta la oportunidad para que uno de los negocios más antiguos en el país, torne a la legalidad, con el trabajo legislativo adecuado, para que verdaderamente involucre a todas las partes relacionadas y constituya una efectiva medida progresista que garantice, principalmente, el respeto a los derechos humanos fundamentales.
