El pasado jueves por la madrugada, el pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria, aprobó la extinción de 109 fideicomisos cuyo objeto, en la mayoría de ellos, radica principalmente en dar sustento a la investigación, desarrollo, y en otros casos, dotar de recursos a los fondos para la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, desastres naturales y a deportistas, sólo por mencionar algunos. Ante tal hecho, el debate y las opiniones no se hicieron esperar, para muchos resulta preocupante la probable eliminación de los fondos destinados a causas que son de importancia nacional.
Así como se prometió en campaña, uno de los ejes rectores de la actual Administración Pública Federal, es la política basada en la austeridad republicana, la cual, en términos de la Secretaría de la Función Pública, no significa una contracción del gasto gubernamental, sino una reorientación del mismo. Sin embargo, permanece la inquietante incertidumbre que se ha desatado por la más reciente determinación de las y los diputados federales, al no señalar con claridad, si las causas, que son materia de los fideicomisos, continuarán siendo respaldadas por este gobierno, pese a su extinción.
Los fideicomisos, son instrumentos que utiliza el Estado para dar atención a distintas necesidades, desde la prestación de servicios públicos, hasta el desarrollo de proyectos de investigación. Por ello, se le reconoce a esta figura jurídica, como una herramienta compleja, que funciona a través de una institución denominada fiduciaria, la cual se encarga de administrar y cumplir con los objetivos que propiciaron la constitución del fideicomiso.
Ahora bien, el discurso principal se centra en que los fideicomisos en comento, están inmersos en irregularidades y se operan al tenor de la corrupción: a través de éstos, se facilitó la manera de movilizar recursos y el desvío de fondos. De comprobarse lo anterior, es incuestionable que los fideicomisos estarían incumpliendo con el fin que los rige, y por ende, con los motivos por los cuales fueron creados, con lo cual, existirían elementos para justificar su extinción.
Finalmente, a manera de reflexión, y ante la inminente extinción de los fideicomisos, los legisladores tienen el deber de garantizar las causas que abanderan todos los fondos en cuestión, no son temas que puedan suprimirse de tajo y sin ninguna consecuencia. Si hay corrupción, que se investigue y se eliminen, la “Economía para el bienestar” lo demanda, pero que al mismo tiempo, por el método o figura jurídica que mejor convenga, se haga el firme compromiso de cómo se van a ejercer los recursos destinados a los ahora “agonizantes”, para que se garanticen los proyectos, derechos y materias que no son un capricho, sino una necesidad.
Falta la determinación del Senado. Se espera una discusión que incluirá la participación de quienes se beneficiaban con los fondos: el debate sigue abierto.
