El procedimiento de estudio, análisis, diálogo, dictaminación y votación de la reforma constitucional en materia de electricidad está por concluir en la Cámara de Diputados. Al momento de escribir estas líneas desconozco cómo se desarrollará la sesión final en el Pleno de la Cámara el próximo domingo. Pero sí tengo una certeza: el dictamen de la reforma eléctrica es plural: considera tanto la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo y, muy importante, incluye también las propuestas de los legisladores del PAN, PRI y PRD.
El primero de octubre del 2021 inició el análisis de dicha reforma. De ese día a la fecha han transcurrido casi 200 días, en los cuales se ha estudiado a fondo la reforma. Los diputados nos dedicamos a escuchar a los interesados en el tema para tener datos y elementos técnico jurídicos para procesar dicha iniciativa. Así se realizaron 28 foros de parlamento abierto y en total libertad se habló a favor y en contra de la reforma. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de escuchar y leer dichas posturas a través del Canal del Congreso, notas periodísticas, análisis en radio y televisión y publicaciones en las redes sociales. Fue un debate público amplio, transparente, serio y profundo, al que se le dio una máxima difusión sin precedentes.
Posteriormente, las comisiones legislativas iniciaron sus trabajos para dictaminar la reforma y justo la semana pasada, las y los legisladores del PAN, PRI y PRD presentaron 12 propuestas para su incorporación en la reforma eléctrica. Después de analizar con apertura y responsabilidad sus propuestas, encontramos coincidencias y en conferencia de prensa nos comprometimos a incorporar sus planteamientos en el dictamen. Este compromiso lo formalizamos en la reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política del pasado sábado nueve de abril y se presentaron dichas modificaciones, las cuales fueron aprobadas por la mayoría de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía el pasado lunes.
Se incluyó: 1) elevar a rango constitucional la transición energética; 2) reconocer en la Constitución el derecho humano a la energía eléctrica; 3) tarifas de luz bajas en hogares de alto consumo, escuelas y hospitales; en alumbrado público y bombeo de agua potable; 4) acabar con los excesos del pasado y la simulación; 5) fortalecer a la CFE, la empresa de todos los mexicanos; 6) acelerar la penetración de las energías renovables; 7) profundizar la generación distribuida; 8) promover el financiamiento para la transición energética vía la banca de desarrollo y, 9) el litio será propiedad del Estado y la Nación. En síntesis: beneficiar a más de 46 millones de mexicanos.
Si realmente se antepone el bienestar del país, es posible que el próximo domingo esté leyendo que, gracias al diálogo y consenso, la Cámara de Diputados aprobó la reforma eléctrica. De no ser así, cada uno de los 500 diputados deberá entregar cuentas a los ciudadanos y explicar su negativa a beneficiar a todos los mexicanos con tarifas eléctricas más accesibles.
