El Derecho Penal tiene como objeto sancionar y castigar los hechos que constituyen los delitos contenidos en los Códigos Penales y Leyes Federales (que actualmente son las que tienen penas muy elevadas) y con esto se ha maximizado la fuerza de la justicia aplicándola y sometiendo al Sistema Penal a soportar penas excesivas y resguardar a las personas sentenciadas en Centros Penitenciarios con el costo que implica sostener su encarcelamiento durante 40, 50, 80, 100 años o más, siendo lo más común que personas que se encuentran recluidas son aquellos que no cuentan con trabajo estable, núcleos familiares y sociales disfuncionales, adictos a las drogas, con grados de escolaridad mínima, o sin saber leer ni escribir, condiciones de vivienda no aptas, en general un entorno poco deseable para un ciudadano.
Por otra parte la maximización del Derecho Penal constituye una regresión en las conquistas alcanzadas en materia de Derechos Humanos y garantías procesales; si estamos frente a una forma hábil de los Estados para evadir sus responsabilidades sociales y reestructurar sistemas clasistas de opresión, represión, discriminación y exclusión de las personas que viven en situación de pobreza, para finalmente soportar la propuesta inclusiva que apuesta por el refuerzo de los derechos sociales, la reconstrucción del tejido social, el respeto por los Derechos Humanos, y el refuerzo de las instituciones encargadas de generar y aplicar la política penal en materia de seguridad ciudadana, permitiendo que el individuo que vive en situación de pobreza pueda aspirar a una mejor calidad de vida, salir de la pobreza y lograr un mejor desarrollo de sus capacidades y planes de vida.
La pobreza ha sido definida a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que presentó por primera vez la expresión pobreza humana, basada en el concepto de capacidades de Sen y definió la pobreza como “la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable” En México, de acuerdo al CONEVAL,( Consejo Nacional para la evaluación del desarrollo social ) establece que “ el cambio porcentual anual de la línea de pobreza por ingresos en enero de 2024 fue de 6.9% en el ámbito rural y 5.9% en el urbano. Este incremento de la línea de pobreza por ingresos en ambos ámbitos fue superior a la inflación general anual (4.9%)”
Las políticas públicas y la exclusión de los derechos sociales producen grandes focos de pobreza, desigualdad, marginación e injusticia social; frente a estos efectos, los sistemas punitivos implantan, bajo criterios de maximización del derecho penal, políticas criminales de “Tolerancia Cero”, las que constituyen formas sistemáticas de criminalización de la pobreza, manteniendo estructuras de exclusión que fomentan la desigualdad social.
Esta tendencia a criminalizar la pobreza, menoscaba la efectiva protección y vigencia de los Derechos Humanos, constituyendo amenaza incluso para la propia consolidación de la democracia y el Estado de Derecho al grado de utilizar al Derecho Penal como la vía más rápida y efectiva para responder a la presión social que exige del Estado una solución frente a la pobreza y la delincuencia, la criminalización de la pobreza se erige como la primera opción frente al manejo y contención de todas aquellas personas que por no ser productivas para los intereses del Estado son criminalizadas.
