En el artículo anterior se puso de manifiesto las necesidades básicas y la falta de atención institucionalizada, de las mujeres en prisión, derivado de las cifras que arroja el INEGI la mayoría de las mujeres en penales es del 18.6 % en penales tiene entre 30 y 34 años de edad, esto quiere decir que necesitan atención específica respecto a su salud sexual y reproductiva por su edad, además el 39.6% únicamente estudio la secundaria, lo que las coloca en una situación vulnerable respecto al conocimiento de sus derechos básicos y posibilidad de oportunidades.
La política criminal que impera en nuestro país, se considera que con el encarcelamiento de los probables responsables de los delitos se justifica que se busca reducir el crimen en dos vertientes: por una parte, se dice que se incapacita a una persona para que cometa delito para continuar delinquiendo con la aplicación de penas altas; por otra parte, se justifica que se reduce la incidencia delictiva, en virtud del efecto disuasión: los delincuentes o criminales potenciales al percibir el riesgo de captura y la efectividad del sistema penal, optan por dejar de delinquir.
Sin embargo, eso NO ha ocurrido en ninguna de las dos vertientes pretendidas, A pesar de 14 años de crecimiento promedio anual del 8% de la población carcelaria, el crimen no se ha desplomado como se esperaría. Hay tres veces el número de personas en prisión, sin que los mexicanos estén tres veces más seguros. Si como sociedad hemos duplicado al número de reclusos, no por ello han bajado los indicadores delictivos; ¿Qué pasa? ¿A quiénes se está encarcelando?
Más aún, con las penas inusitadas y excesivas que se imponen específicamente en la Ley General para combatir y erradicar los delitos en materia de Secuestro en la que se contemplan penas desde los 40 hasta los 140 años de prisión, sin embargo, no son la solución a la impartición de justicia ni mucho menos al sistema penitenciario y en este caso me permito hacer el énfasis en las sentencias impuestas a las mujeres ya que en su mayoría se está condenando a ellas por estar con la pareja, esposo o familiares directos incluso en su propia casa, en donde muchos casos ni siquiera es el lugar donde se cometió el delito, lo que ha incrementado el número de mujeres en prisión incluyendo hijos menores de edad, y al estar detenidos tanto el padre como la madre esos menores, se encuentran en situación de vulnerabilidad a cargo de los abuelos, otros familiares directos, y en los casos más graves se quedan en instancias gubernamentales. Lo que provoca mayor violencia, así como, un círculo vicioso al estar los hijos en desamparo, con riesgo de que ellos mismos sean los próximos agentes que cometerán delitos para que en su momento el Estado nuevamente tendrá que hacerse cargo de ellos al procesarlos y encarcelarlos.
Actualmente, la imposición de las penas en esa Ley Federal es sobre un estándar tan bajo donde en cualquier situación, sea cometido el hecho delictivo de día, de noche, en lugar abierto, cerrado, público, o hacia una persona que sea menor de 18 años, mayor de 60 años, embarazada, con violencia en grupo de dos o más personas, pueden estar cometiendo el delito de Secuestro, resalto a las mujeres específicamente porque en la mayoría de los casos no son ellas las que lo planean, lo ejecutan, sino llevan a cabo acciones secundarias o indirectas, o por la naturaleza de ser mujer, siendo que son juzgadas al mismo nivel imponiéndose penas de 50, 80 y hasta 100 años de prisión, de esto hay casos reales donde las familias completas se encuentran detenidas en donde el Sistema Penitenciario tendrá un gran reto y compromiso para sostener a las personas en prisión, el Estado ante una falta de política en materia de prevención del delito y contención de conductas que no es suficiente con la imposición de altas y excesivas penas.
Así, el sistema penal mexicano no está buscando quién la hizo, sino quién la pague, ya que, ante el gran incremento de víctimas del delito que se tiene todos los días, las autoridades hacen que las penas altísimas sean un bálsamo para que los denunciantes y la sociedad en general sientan que se está haciendo justicia que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente y constituye un pilar de una política criminal desesperada ante el desbordamiento de la autoridad por el fenómeno delictivo y por la demanda ciudadana de seguridad.
