Este artículo tiene como finalidad mostrar la situación de las mujeres privadas de la libertad, y la estigmatización que padecen al estar en reclusión, así como las consecuencias que eso trae a su familia y a sus hijos, sobre todo; lo que constituye un doble cautiverio para ellas, el siguiente estudio se basa en datos específicos que sustenta la información brindada y se dan a continuación.
En primer término citare la manifestación expresa que a nivel internacional señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe de país México, sobre la Situación de los Derechos Humanos de México de 2015, donde expresó su preocupación respecto de las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, en virtud de haber recibido información que indicaba que, al momento de su detención se enfrentaban serios abusos a condiciones que no estaban adaptadas a su condición, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normatividad local y en las políticas públicas, teniendo que, las mujeres privadas de la libertad son víctimas de diversos tipos de violencia, como abusos sexuales y tortura; además de que se enfrentan a serios obstáculos para acceder a servicios de atención médica adecuados, lo que afecta especialmente a las mujeres embarazadas y lactantes.
Asimismo, la CIDH indicó haber sido enterada que, aproximadamente el 60’% de la población femenina se encontraba en centros de reclusión masculinos, por lo que se encontraban en espacios que las colocaba en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios, además de que estas prisiones no resultaban aptas para cubrir con sus necesidades, sobre todo para las mujeres indígenas, las mujeres con orientaciones e identidades sexuales distintas, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, así como para la población infantil que con ellas radican.
Actualmente se agrega a este análisis, las causas del incremento de los delitos cometidos por ellas, sin embargo, hay una incapacidad de la infraestructura en el sistema penitenciario para responder a esta situación y sus necesidades específicas, además de reconocer que, el contexto social de violencia contra las mujeres en aumento juega un papel decisivo como factor de riesgo en la conducta delictiva de las mujeres. En los últimos años, se observa una tendencia al incremento en la población de mujeres privadas de la libertad entre el 4 y el 5%; esto se debe a que, en la relación por sexo, es mucho mayor el número de hombres que el de mujeres en los centros penitenciarios, lo que ha hecho que se centre la inversión y la política pública en ellos, dejando de lado la infraestructura en centros penitenciarios para las mujeres privadas de la libertad.
Otro dato relevante, es que se debe identificar a las mujeres en su rol reproductivo prioritariamente de atender sus necesidades y no se garantiza su satisfacción. Esto es importante porque implica una serie de necesidades específicas en relación con la reproducción, la sexualidad, la salud y el cuidado de las hijas e hijos, ya que es el grupo de edad en el que la que mayoría tiene hijos e hijas aún en edad maternal y preescolar; cuando entran al centro penitenciario dejan niñas y niños en casas hogar o albergues, en el mejor de los casos son entregados a familiares designados por la madre, siempre que los organismos encargados de esta función, porque no existen lugares específicos para el cuidado y atención de sus hijos en los espacios penitenciarios por las que se agudizan diferencias que se traducen en opresión y discriminación hacia las mujeres privadas de la Esto es lo que constituye el doble cautiverio de las mujeres en prisión, ser mujer, ser joven, ser madre ser víctima de violencia institucional por la falta de infraestructura para el desarrollo del embarazo y parto, así como el cuidado maternal, y consecuente separación de sus hijos además del escrutinio y estigmatización de la sociedad. En el siguiente articulo continuare dando seguimiento con datos sensibles estadísticos a fin de complementar esta información.
Continuará...
