El federalismo puede definirse, desde el punto de vista político, como una doctrina que pretende que una organización nacional se forme por diversos estados miembros, los cuales se asocian voluntariamente transfiriendo algunas atribuciones fundamentales al ente federal superior, a quien pertenece la soberanía, y quedándose con algunas competencias que ejercerán en el ámbito local. Esta idea, que ha permeado el constitucionalismo moderno, está tomada del contractualismo de Juan Jacobo Rousseau, donde se pretende, idealmente, que voluntades estatales soberanas se unen para formar una entidad supranacional en quien se depositan las atribuciones de gobierno más fundamentales. Otra praxis que dio origen a esta estructura fue el nacimiento en la praxis de los Estados Unidos de Norteamérica, donde las trece colonias, entes inicialmente independientes, se unieron para formar un estado nacional. Según el grado y naturaleza de las competencias que se transfieren y se conservan a uno u otro ente, se tendrá un sistema que otorgue más o menos poder a las partes que lo conforman.
En México el federalismo que en papel tenemos fue creado de manera artificial, pues de una nación centralista se formaron, por voluntad de unos cuantos visionarios, los estados libres y soberanos que se dijo, emitían su voluntad para formar la entidad federal que se denominó Estados Unidos Mexicanos. Lo cierto es que lo anterior, desde el punto de vista real, fue una gran mentira, pues el proceso fue al contrario, del centro se crea la idea de un país federal. En este estado de cosas, no es difícil llegar a la conclusión de que la primer Constitución Federal, la de 1824, fue una copia mal hecha de la Carta Magna Norteamericana.
Después de esta creación artificial del federalismo mencionada en líneas precedentes, en 1836 volvemos a declararnos un estado central, en 1857 volvemos al federalismo, y en 1917 se decidió de manera unánime crear un país federal con las reglas constitucionales que de manera fundamental nos rigen hasta ahora. Es decir, nuestra historia patria, tocante al tema en cuestión, ha sido un péndulo sin descanso.
Reflexiones que vienen a colación pues seguimos viviendo en un federalismo de puro papel, y de centralismo en la práctica, y de hecho, la Constitución de 1917 fue calificada, casi desde entonces, como un “federalismo centralizador”. Adicionalmente hay que agregar que después de esta fecha y hasta la actualidad, el gobierno federal ha acaparado, intermitentemente, las atribuciones más importantes en el devenir nacional: el control de los ingresos fiscales, la planeación presupuestaria, la seguridad pública, la educación, salud, la implementación de los programas sociales y de pobreza, el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad realizado por el Poder Judicial de la Federación, la federalización legislativa que cada día toma más auge, incorporando materias como la penal, civil, laboral, agraria, administrativa, notarial, etcétera, y ahora hasta el control centralizado de los gobiernos estatales con un capataz nombrado por la federación que los monitoreará día y noche.
Y aquí la pregunta que hay que plantearse es si es deseable seguir viviendo en un federalismo centralizador o bien, de plano, aceptar que la república centralista es en realidad nuestro sistema de organización nacional.
