El deporte es reconocido por la ONU como un factor que contribuye al desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, empoderando a las mujeres, los jóvenes y a las comunidades, y también es recogido por el Plan Nacional de Desarrollo como medio para el mejoramiento de la salud pública y la cohesión social. Asimismo, es capaz de retener a las y los estudiantes en las escuelas para evitar la deserción escolar, y alejar a las personas que lo practican de conductas antisociales.
El contexto de crisis sanitaria que vivimos actualmente nos permitió reconocer la importancia de fortalecer la salud pública. Considerando que la obesidad es una de las principales comorbilidades de la enfermedad provocada por la COVID-19, y que la padece el 75.2 por ciento de la población mexicana, se vuelven urgentes acciones más eficaces para evitar que la salud pública siga decayendo. El dato de que 35.3 por ciento del total de muertos por la pandemia en Zacatecas hayan padecido obesidad, es una llamada de atención que no podemos ignorar.
Atender las necesidades de actividad física y cultura del deporte en la entidad requiere de esfuerzos interinstitucionales que ofrezcan acciones concretas para cada sector poblacional con objetivos diferenciados. Por ejemplo, en el estado hacen falta mejores estrategias para la detección y seguimiento de talentos deportivos y mecanismos de impulso al deporte de alto rendimiento, en especial de aquellos dirigidos a personas con discapacidad.
En este sentido, es indispensable escuchar las demandas de atletas como Ilse Guerrero Rodarte, quien será la única representante de Zacatecas en los Juegos Olímpicos de Tokio, sobre la necesidad de generar cambios institucionales que pongan al centro de la cuestión a las y los deportistas y no al espectáculo o los negocios; asimismo, se deben escuchar las voces de atletas de todos los niveles, de asociaciones, entrenadores y padres de familia, con el fin de diseñar políticas públicas capaces de transformar para bien el deporte en el estado.
Por otra parte, los efectos positivos de la actividad física deben ser contemplados en la elaboración del Plan Estatal de Salud Mental que la Secretaría de Salud tiene la obligación de emitir gracias a la nueva ley en la materia que entró en vigor en 2019. La perspectiva de género, la protección de grupos vulnerables y del interés superior de la niñez, son elementos que pueden contribuir a frenar situaciones de violencia que la misma pandemia ha agudizado.
La actividad física y el deporte son derechos constitucionales y sus beneficios son tantos y tan diversos que deben ser atendidos como una prioridad. El combate a la corrupción, la eliminación de intermediarios en la entrega de recursos para atletas, infraestructura adecuada y la atención integral de todos los municipios, son reclamos justos y es obligación de las instituciones responder a ellos.
