El pasado 28 de noviembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez. La denuncia se sustenta en probables irregularidades con relación a su ingreso como servidor público y sus gastos personales, se dice que se estima una desproporción entre estos de 16.7 millones de pesos. Vargas asumió su cargo de presidente el pasado 3 de noviembre de 2020 (elegido por sus pares) y su trayectoria ha sido polémica a lo largo de su función como magistrado. Es verdad que la función electoral siempre genera opiniones divergentes, y en fechas recientes Vargas tuvo un papel importante por la elaboración de proyectos polémicos, como aquél que confirmó la negativa de registro de la organización política “México Libre” de Margarita Zavala como partido político. Tras la denuncia en su contra, queda claro que hay mucho en juego en el corto plazo en miras a las elecciones de 2021.
El proceso electoral 2021 ha iniciado, el más grande de la historia de este país, con elecciones concurrentes en que se renovará no sólo la Cámara de Diputados, sino que se elegirán Gubernaturas en 15 Estados y se renovarán Congresos Locales y Ayuntamientos. Al arranque de los procesos internos se acercan fechas altamente competitivas en las que se advierten múltiples impugnaciones. En este sentido, la máxima autoridad electoral del país -el TEPJF- tendrá que resolver en última instancia, todas aquéllas que involucren violaciones constitucionales, por lo que será de nueva cuenta el fiel de la balanza en la justicia electoral, por lo que su nivel de legitimidad resulta fundamental.
Si bien es cierto que en México, al igual que en otras partes del mundo, existe una tendencia por atacar al “arbitro” en la contienda electoral como parte de campañas de deslegitimación y descalificación. Resulta indispensable para la ciudadanía la aclaración y resolución de cualquier tipo de señalamiento con relación a los funcionarios que tienen el altísimo encargo de velar por los principios constitucionales y legales de que tutelan la democracia.
El diseño constitucional mexicano se ha decantado por tener autoridades e instituciones especializadas en materia electoral, fruto del alto nivel de desconfianza con relación a los procesos electorales durante el siglo pasado. Para el año 2021 se estableció un presupuesto de 3,030 millones 280 mil pesos asignados al TEPJF, por lo que es sumamente importante que no exista duda alguna con relación a la calidad moral de la actuación de los funcionarios públicos de los tribunales electorales.
El desencanto/desilusión por la política y la democracia no es nada nuevo, existe una clara brecha entre la confianza del ciudadano, las instituciones públicas y sus representantes. Para cambiar este paradigma es claro que necesitamos que las instituciones y los servidores públicos se encuentren “limpios” y que sean capaces de resistir el escrutinio del ojo público. Nuestro país merece un proceso electoral 2021 auténtico, lejos de toda sospecha.
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