/ miércoles 4 de abril de 2018

Las relaciones de control entre el legislativo y el ejecutivo fortalecen la democracia en México

El tipo de relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo estaba perfilado de una manera muy peculiar en la primera Constitución histórica de México, la de Apatzingan. Ahí se hacía evidente la subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, tanto así que se recuerda como un hito histórico de nuestra vida institucional que José María Morelos entregó su vida por defender la integridad del Congreso de Anáhuac.

El proceso de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se sintió muy fuertemente sacudido por las sucesivas constituciones. La imposibilidad de establecer un equilibrio adecuado entre estos órganos del poder llevó a los conservadores a establecer un poder conservador en la Constitución de 1836. Este poder estaba por arriba de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y tenía entre otras facultades la de dirimir eventuales contradicciones en el ejercicio de las responsabilidades que a cada uno de estos órganos de poder incumbían.

Históricamente puede señalarse que la crisis en cuanto el entendimiento entre ambos poderes se alcanza en el Congreso de 1856-1857 y culmina con el nuevo giro que se le da a la integración del Congreso a partir de 1874. En 1856-1857 se plantea que una de las formas de debilitar al Poder Ejecutivo consistía en dividir este poder, y se acentúo la inconveniencia de que para que hubiera un Legislativo fuerte existiera bicameralismo. Por esto se proscribió el Senado.

Don Benito Juárez insistió en reiteradas ocasiones en el establecimiento de la figura jurídica y política del Senado, y esto no se consiguió hasta el gobierno de Lerdo de Tejada en 1874.

Se decía que el debilitamiento del Legislativo procedía en buena medida de la dicotomía de las ramas que lo ejercían, y que al entregar este poder a una sola cámara habría de permitir un mejor balance entre las fuerzas políticas representadas por un lado por el presidente, y por el otro lado por el Congreso.

En la actualidad el problema se plantea en otros términos; en lo que hoy se plantea ya no es solamente el tipo de relación existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino la función política misma del Poder Legislativo.

En todo el mundo, por lo menos el caracterizado por el constitucionalismo de corte occidental, se preguntan muchos autores: ¿parlamentos para qué? Incluso se habla de la decadencia misma del Parlamentarismo en el mundo, y es que quizá tengamos que ver al Poder Legislativo como el órgano del poder que entre otras funciones tiene la de legislar; pero no es esta función quizá, en el Congreso contemporáneo de México y del mundo, siquiera la función más importante. Las funciones fundamentales del Congreso se traducen en ser escenarios del debate político, y por lo mismo en ser el foro del pluralismo democrático que caracteriza al Estado dentro del cual el Congreso actúa.

Por otro lado, el Congreso sirve también como un órgano de control del Poder Ejecutivo, y ejerce por tanto una función esencial en el contexto de equilibrio de poderes dentro de una sociedad constitucional y democrática. (Continuará).

El tipo de relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo estaba perfilado de una manera muy peculiar en la primera Constitución histórica de México, la de Apatzingan. Ahí se hacía evidente la subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, tanto así que se recuerda como un hito histórico de nuestra vida institucional que José María Morelos entregó su vida por defender la integridad del Congreso de Anáhuac.

El proceso de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se sintió muy fuertemente sacudido por las sucesivas constituciones. La imposibilidad de establecer un equilibrio adecuado entre estos órganos del poder llevó a los conservadores a establecer un poder conservador en la Constitución de 1836. Este poder estaba por arriba de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y tenía entre otras facultades la de dirimir eventuales contradicciones en el ejercicio de las responsabilidades que a cada uno de estos órganos de poder incumbían.

Históricamente puede señalarse que la crisis en cuanto el entendimiento entre ambos poderes se alcanza en el Congreso de 1856-1857 y culmina con el nuevo giro que se le da a la integración del Congreso a partir de 1874. En 1856-1857 se plantea que una de las formas de debilitar al Poder Ejecutivo consistía en dividir este poder, y se acentúo la inconveniencia de que para que hubiera un Legislativo fuerte existiera bicameralismo. Por esto se proscribió el Senado.

Don Benito Juárez insistió en reiteradas ocasiones en el establecimiento de la figura jurídica y política del Senado, y esto no se consiguió hasta el gobierno de Lerdo de Tejada en 1874.

Se decía que el debilitamiento del Legislativo procedía en buena medida de la dicotomía de las ramas que lo ejercían, y que al entregar este poder a una sola cámara habría de permitir un mejor balance entre las fuerzas políticas representadas por un lado por el presidente, y por el otro lado por el Congreso.

En la actualidad el problema se plantea en otros términos; en lo que hoy se plantea ya no es solamente el tipo de relación existente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino la función política misma del Poder Legislativo.

En todo el mundo, por lo menos el caracterizado por el constitucionalismo de corte occidental, se preguntan muchos autores: ¿parlamentos para qué? Incluso se habla de la decadencia misma del Parlamentarismo en el mundo, y es que quizá tengamos que ver al Poder Legislativo como el órgano del poder que entre otras funciones tiene la de legislar; pero no es esta función quizá, en el Congreso contemporáneo de México y del mundo, siquiera la función más importante. Las funciones fundamentales del Congreso se traducen en ser escenarios del debate político, y por lo mismo en ser el foro del pluralismo democrático que caracteriza al Estado dentro del cual el Congreso actúa.

Por otro lado, el Congreso sirve también como un órgano de control del Poder Ejecutivo, y ejerce por tanto una función esencial en el contexto de equilibrio de poderes dentro de una sociedad constitucional y democrática. (Continuará).

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