/ miércoles 3 de abril de 2019

Qué sé de justicia electoral

Los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que es un derecho y obligación de los ciudadanos votar, ser votados y ocupar los cargos de elección popular.

Ahora, el numeral 34 de dicho ordenamiento, determina que la ciudadanía se adquirirá por los mexicanos a los dieciocho años, es decir, una vez cumplida dicha condición la persona tendrá capacidad de ejercer, entre otros, los derechos político electorales antes mencionados.

Es de mencionar que el ejercicio de estas prerrogativas, depende de la voluntad de quienes tengan esta característica, pues aun cuando es una obligación ciudadana la participación en los procesos electorales, su incumplimiento no es sancionable o imponible a través de alguna medida coactiva.

En tal virtud, para generar una normalización con respecto al ejercicio de estos derechos, es necesario resaltar como parte de la educación cívica su importancia, es decir, familiarizar a la infancia con la función electoral, tanto desde el punto de vista del ejercicio personal del voto, como también en la realización de tareas sustantivas.

Así, como parte al derecho a la educación de la niñez, a las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, les corresponde la labor de implementar acciones para generar conciencia sobre la naturaleza e importancia de las funciones que en el ámbito de sus funciones desarrollan.

Actualmente, el Instituto Nacional implementa una Consulta Infantil y juvenil, donde los niños y adolescentes pueden expresar su opinión sobre aspectos de la vida cotidiana.

En esta misma línea, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los Tribunales Electorales de los estados, desarrollan acciones como el Tribunal infantil, donde los menores que participan en esta ocasión, tienen la oportunidad exponer un tema relacionado con los derechos de las niñas y niños migrantes.

Cabe resaltar que las niñas y los niños que participan, son los responsables de elegir a las y los ganadores de cada una de las etapas del concurso, mediante un voto libre y secreto y donde los finalistas podrán recrear una sesión pública en el Salón de Plenos de la Sala Superior.

Estos ejercicios, son valiosos en la medida que acercan a la infancia con la participación ciudadana, lo que a la postre, debería generar una ciudadanía consiente sobre las necesidades colectivas de su comunidad, pero, sobre todo, más participativa.

Lo anterior conlleva a generar un sistema democrático más fuerte y con instituciones sólidas, ya que en la medida que la elección de los representantes populares recae en un porcentaje más amplio de participación ciudadana, existirá mayor acercamiento a las cuestiones políticas de nuestro país.

En tal virtud, es patente que, en el desarrollo de las funciones por parte de las entidades públicas encargadas de la administración del sistema electoral, debe existir una preocupación mayor por dar a conocerse y transmitir esa información no sólo a la ciudadanía, sino incluso a la niñez, quienes serán aquellas personas que en un futuro funjan como pilares de la vida democrática de México.

Sería un error, no voltear a ver a la infancia y sus necesidades, y no aprovechar ese periodo de formación para generar una mayor conciencia sobre la importancia de la participación de la población en la consolidación del aparato democrático.

Asimismo, debe existir un interés mayor por parte de las familias de involucrar a sus infantes en este tipo de programas, y, más aún, hacerlos participes del ejercicio de los derechos político-electorales, no solo con la finalidad de conocerlos, sino también de exigirlos y honrarlos.

Los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que es un derecho y obligación de los ciudadanos votar, ser votados y ocupar los cargos de elección popular.

Ahora, el numeral 34 de dicho ordenamiento, determina que la ciudadanía se adquirirá por los mexicanos a los dieciocho años, es decir, una vez cumplida dicha condición la persona tendrá capacidad de ejercer, entre otros, los derechos político electorales antes mencionados.

Es de mencionar que el ejercicio de estas prerrogativas, depende de la voluntad de quienes tengan esta característica, pues aun cuando es una obligación ciudadana la participación en los procesos electorales, su incumplimiento no es sancionable o imponible a través de alguna medida coactiva.

En tal virtud, para generar una normalización con respecto al ejercicio de estos derechos, es necesario resaltar como parte de la educación cívica su importancia, es decir, familiarizar a la infancia con la función electoral, tanto desde el punto de vista del ejercicio personal del voto, como también en la realización de tareas sustantivas.

Así, como parte al derecho a la educación de la niñez, a las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, les corresponde la labor de implementar acciones para generar conciencia sobre la naturaleza e importancia de las funciones que en el ámbito de sus funciones desarrollan.

Actualmente, el Instituto Nacional implementa una Consulta Infantil y juvenil, donde los niños y adolescentes pueden expresar su opinión sobre aspectos de la vida cotidiana.

En esta misma línea, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los Tribunales Electorales de los estados, desarrollan acciones como el Tribunal infantil, donde los menores que participan en esta ocasión, tienen la oportunidad exponer un tema relacionado con los derechos de las niñas y niños migrantes.

Cabe resaltar que las niñas y los niños que participan, son los responsables de elegir a las y los ganadores de cada una de las etapas del concurso, mediante un voto libre y secreto y donde los finalistas podrán recrear una sesión pública en el Salón de Plenos de la Sala Superior.

Estos ejercicios, son valiosos en la medida que acercan a la infancia con la participación ciudadana, lo que a la postre, debería generar una ciudadanía consiente sobre las necesidades colectivas de su comunidad, pero, sobre todo, más participativa.

Lo anterior conlleva a generar un sistema democrático más fuerte y con instituciones sólidas, ya que en la medida que la elección de los representantes populares recae en un porcentaje más amplio de participación ciudadana, existirá mayor acercamiento a las cuestiones políticas de nuestro país.

En tal virtud, es patente que, en el desarrollo de las funciones por parte de las entidades públicas encargadas de la administración del sistema electoral, debe existir una preocupación mayor por dar a conocerse y transmitir esa información no sólo a la ciudadanía, sino incluso a la niñez, quienes serán aquellas personas que en un futuro funjan como pilares de la vida democrática de México.

Sería un error, no voltear a ver a la infancia y sus necesidades, y no aprovechar ese periodo de formación para generar una mayor conciencia sobre la importancia de la participación de la población en la consolidación del aparato democrático.

Asimismo, debe existir un interés mayor por parte de las familias de involucrar a sus infantes en este tipo de programas, y, más aún, hacerlos participes del ejercicio de los derechos político-electorales, no solo con la finalidad de conocerlos, sino también de exigirlos y honrarlos.