El virus COVID-19 ha impactado en todos los aspectos de la vida y la prestación de servicios públicos no ha sido la excepción.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral, han tomado medidas para evitar la concentración de personas y evitar el riesgo de contagio, para lo cual, se determinó en diversos acuerdos emitidos por sus plenos la realización de las actividades sustantivas con el personal mínimo y dejar guardias para la atención de asuntos urgentes, medida que fue replicada por los poderes judiciales de los estados.
Esto quiere decir que el servicio de impartición de justicia no se ve interrumpido, sino que se atenderán de forma primordial los asuntos urgentes, como pueden ser las controversias constitucionales, los amparos en contra de actos que impliquen la privación a la libertad, la vida, o alguno de los previstos en el artículo 22 de la constitución federal, los asuntos de naturaleza penal e incluso la tramitación de los asuntos que requieran alguna medida cautelar.
En el caso de la justicia electoral, se continúa la atención de la generalidad de los asuntos pues estos deben atenderse de conformidad con el calendario comicial de la entidad correspondiente y permitir que las respectivas etapas del proceso se desarrollen de manera regular, siendo que, esto debe realizarse de forma tal que se respeten las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, garantizando con ello la seguridad de los usuarios y de los servidores públicos.
Efectivamente, la función de impartición de justicia es necesaria para la salvaguarda de bienes jurídicos tan importantes como la vida, la integridad personal y el ejercicio inmediato de derechos fundamentales; por lo cual, es necesario que se implementen medidas para garantizar el acceso a este servicio en consonancia con la protección a la salud.
Es claro que como sociedad debemos actuar de manera responsable para el resguardo de nuestra salud, y a las autoridades en el ámbito de sus atribuciones establecer las medidas de prevención necesarias para garantizar la seguridad de la población, pero, en todo caso se trata de una labor conjunta en la cual debemos de colaborar.
Ante el escenario que presenta la situación sanitaria en el país, se recomienda observar las sugerencias e instrucciones dadas por las autoridades competentes en materia de salud, implementar las medidas de higiene necesarias, evitar compras de pánico y difusión de fake news y mantener en la medida de lo posible el aislamiento social.
Así, en la medida que asumamos nuestra responsabilidad se podrá superar la contingencia sanitaria y regularizar el ritmo de vida, mientras tanto, desde nuestras respectivas posiciones debemos garantizar que los servicios públicos que por cuya naturaleza no puedan suspenderse se prestarán de forma eficiente.
