Hace ocho días hablábamos de la urgencia de revisar la normatividad en lo que a educación respecta. Hoy mencionaremos la llamada “Ley para la Coordinación de la Educación Superior”. Si bien ésta fue concebida en 1978, ha ido asumiendo sus adecuaciones desde el gobierno de López Portillo. Siendo realmente corta (27 artículos y dos transitorios) rige “la educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización” (Art. 3). Enfatiza que las acciones de las instituciones educativas “se realizarán atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a los programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura” (Art. 5). Si bien en México hay programas que se enfocan en las demandas de los contextos culturales, hemos visto casos en que los mandatos son letra muerta y suele haber carencia de profesorado para atender determinados propósitos. Las contrataciones “a modo” asumen el curriculum de un profesor que se forma en el camino. Los contenidos de las asignaturas llegan predeterminados pero sufren muchas adecuaciones en el camino.
\u0009Básicamente interesará al lector saber que los puntos nodales que sostienen esta Ley rigen el gasto de los recursos federales destinados a instituciones de educación superior. Primordialmente se centra en la coordinación “financiera” de la federación hacia los Estados, normando los recursos extraordinarios que debieran entrar en los techos financieros de las instituciones tales como: infraestructura, cobertura, plantilla docente, mobiliario, equipos de cómputo, materiales y recursos diversos que son inherentes al proceso educativo. ¿Por qué dejó de generarse un gasto que debía venir del Estado para la educación? Pasamos de un Estado benefactor a un ente punitivo que exige quimeras, difíciles de cumplir en tanto que las instituciones persiguen los modelos educativos ya discutidos semanas atrás.
El estado de las políticas educativas en México es verdaderamente aplastante. Por ejemplo: ¿quien puede decidir que “conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen (los recursos) atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior (…) (Art. 23)? Sabemos bien que hay universidades mayormente favorecidas que otras. El proceso por el cual pasan actualmente las once universidades públicas del país que están en crisis responde en parte a un desequilibrio multifactorial que precipitó la imposición de un sistema ajeno al proceso poblacional en relación a la cobertura universitaria. No hablaremos de esto, pero sí de la crisis orientada hacia lo educativo. Muchas instituciones, centradas en resolver los problemas financieros descuidaron todo lo académico. Eso sucedió con varias universidades de las que hablo y durante varios periodos rectorales, no uno, ni dos.
\u0009Veamos pues como tanto en el ámbito nacional, como en los específicos de las entidades universitarias, ocupados en ver el bosque se descuidó avizorar las ramas de los árboles. ¿Alguien se ha preguntado qué pasaría con el bosque si sus árboles no tuvieran ramas? Exacto, sería un bosque en agonía.
